Hilo España: autonomías y municipios
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Inconstitucionalidad de la plusvalía municipal
JOSÉ IGNACIO ALEMANY BELLIDO - 22/09/2012 - 07:00
Dice el artículo 31 de nuestra Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Quiere, pues, la Constitución que nuestra capacidad económica sea la medida de nuestra contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Se configura así el principio de capacidad económica como fundamental e informador del resto de principios del sistema tributario.
Este principio actúa como programa para el legislador, que debe buscar las distintas manifestaciones de capacidad económica para someterlas a tributación de una manera coherente y justa. Actúa también, y esto es lo que ahora nos importa, como límite en su actuación: el legislador no puede crear un tributo cuyo hecho imponible no recoja una manifestación de capacidad económica.
En sentido positivo, para que este principio se cumpla al crear un impuesto es preciso, según nuestro Tribunal Constitucional (TC), "que la capacidad económica exista como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador" (sentencia de 26/03/1987). Además, se vulneraría este principio "en los casos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea inexistente o ficticia" (sentencia de 11/12/1992). La capacidad económica ha de referirse a la que se desprende del hecho imponible, que tiene que constituir necesariamente una manifestación de esa capacidad, "de tal manera que el medio que se articule para gravarlo guarde la debida correspondencia con el fin" (sentencia de 19/07/2000).
Con nuestro TC podemos, pues, concluir que no puede haber hecho imponible de un tributo que no revele una capacidad económica y que el mecanismo que se articule para determinar la deuda tributaria debe conseguir el gravamen de esa capacidad económica, y no de otra.
Pues bien, los españoles hacemos frente a un impuesto que, nos tememos, no cumple tal principio, por cuanto el cálculo de su deuda tributaria se independiza de la capacidad económica que quiere gravar. Nos estamos refiriendo al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), también conocido como arbitrio de plusvalía o plusvalía municipal.
Es este un impuesto local que "grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos los de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título…" (artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, LHL). Pero la forma de calcular la cuota tributaria de este impuesto no tiene en cuenta el incremento de valor del terreno, de manera que puede existir cuota sin que haya incremento real de valor. Esto es así porque la base imponible es un porcentaje del valor catastral que tiene el terreno en el momento de su transmisión, porcentaje que es mayor a medida que aumenta el número de años de tenencia. Asume la LHL que por el mero paso del tiempo un terreno incrementa su valor, lo cual no siempre es cierto, como la crisis actual está poniendo de manifiesto.
Pongamos un ejemplo: terreno comprado el 30 de junio de 2004 por 500.000 euros con un valor catastral de 220.000 euros. Se vende el 28 de febrero de 2012 sin que haya variado su valor catastral. Aplicando los porcentajes máximos de la LHL, la base imponible sería de 53.900 euros (220.000 euros por 24,5%), que a un tipo de gravamen del 30% da una cuota íntegra de 16.170 euros. El resultado es el mismo se haya ganado o perdido con la venta.
Podría argumentarse que el valor catastral no ha variado en siete años porque no se ha revisado, pero hoy nadie duda de que esa variación debería ser a la baja, y no al alza. Lo curioso de este impuesto es que, aun cuando variara a la baja, es decir, aun cuando el Catastro reconociera que el valor catastral es inferior, existiría cuota y no sería pequeña.
Con este fácil ejemplo creemos haber demostrado que la configuración del IIVTNU hace que se tribute siempre, haya habido o no incremento de valor en el terreno, es decir, incluso cuando no se haya puesto de manifiesto la capacidad económica que se pretende gravar, por lo que claramente debe tacharse de inconstitucional.
José Ignacio Alemany Bellido. ALEMANY, ESCALONA & ESCALANTE ABOGADOS. Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad pontifica COMILLAS-ICADE
JOSÉ IGNACIO ALEMANY BELLIDO - 22/09/2012 - 07:00
Dice el artículo 31 de nuestra Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Quiere, pues, la Constitución que nuestra capacidad económica sea la medida de nuestra contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Se configura así el principio de capacidad económica como fundamental e informador del resto de principios del sistema tributario.
Este principio actúa como programa para el legislador, que debe buscar las distintas manifestaciones de capacidad económica para someterlas a tributación de una manera coherente y justa. Actúa también, y esto es lo que ahora nos importa, como límite en su actuación: el legislador no puede crear un tributo cuyo hecho imponible no recoja una manifestación de capacidad económica.
En sentido positivo, para que este principio se cumpla al crear un impuesto es preciso, según nuestro Tribunal Constitucional (TC), "que la capacidad económica exista como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador" (sentencia de 26/03/1987). Además, se vulneraría este principio "en los casos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea inexistente o ficticia" (sentencia de 11/12/1992). La capacidad económica ha de referirse a la que se desprende del hecho imponible, que tiene que constituir necesariamente una manifestación de esa capacidad, "de tal manera que el medio que se articule para gravarlo guarde la debida correspondencia con el fin" (sentencia de 19/07/2000).
Con nuestro TC podemos, pues, concluir que no puede haber hecho imponible de un tributo que no revele una capacidad económica y que el mecanismo que se articule para determinar la deuda tributaria debe conseguir el gravamen de esa capacidad económica, y no de otra.
Pues bien, los españoles hacemos frente a un impuesto que, nos tememos, no cumple tal principio, por cuanto el cálculo de su deuda tributaria se independiza de la capacidad económica que quiere gravar. Nos estamos refiriendo al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), también conocido como arbitrio de plusvalía o plusvalía municipal.
Es este un impuesto local que "grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos los de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título…" (artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, LHL). Pero la forma de calcular la cuota tributaria de este impuesto no tiene en cuenta el incremento de valor del terreno, de manera que puede existir cuota sin que haya incremento real de valor. Esto es así porque la base imponible es un porcentaje del valor catastral que tiene el terreno en el momento de su transmisión, porcentaje que es mayor a medida que aumenta el número de años de tenencia. Asume la LHL que por el mero paso del tiempo un terreno incrementa su valor, lo cual no siempre es cierto, como la crisis actual está poniendo de manifiesto.
Pongamos un ejemplo: terreno comprado el 30 de junio de 2004 por 500.000 euros con un valor catastral de 220.000 euros. Se vende el 28 de febrero de 2012 sin que haya variado su valor catastral. Aplicando los porcentajes máximos de la LHL, la base imponible sería de 53.900 euros (220.000 euros por 24,5%), que a un tipo de gravamen del 30% da una cuota íntegra de 16.170 euros. El resultado es el mismo se haya ganado o perdido con la venta.
Podría argumentarse que el valor catastral no ha variado en siete años porque no se ha revisado, pero hoy nadie duda de que esa variación debería ser a la baja, y no al alza. Lo curioso de este impuesto es que, aun cuando variara a la baja, es decir, aun cuando el Catastro reconociera que el valor catastral es inferior, existiría cuota y no sería pequeña.
Con este fácil ejemplo creemos haber demostrado que la configuración del IIVTNU hace que se tribute siempre, haya habido o no incremento de valor en el terreno, es decir, incluso cuando no se haya puesto de manifiesto la capacidad económica que se pretende gravar, por lo que claramente debe tacharse de inconstitucional.
José Ignacio Alemany Bellido. ALEMANY, ESCALONA & ESCALANTE ABOGADOS. Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad pontifica COMILLAS-ICADE
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Imaginen dos personas negociando en una habitación cerrada, pequeña y sin ventanas. Uno de ellos tiene una granada en la mano. ¿Es creíble que dicha persona amenace con tirar de la anilla? Si suponemos que la muerte es el peor resultado posible para ambas personas, la amenaza de tirar de la anilla no es creíble. Pero, ¿y si comienza a hacer malabares con la granada? Ello no garantiza la muerte, pero abre la ventana al accidente y al desastre. La otra persona empieza a percibir un problema real.
Pues bien, esta es una interpretación sensata de lo que está haciendo, en nuestra opinión, Cataluña. “Se la está jugando”, como dice literalmente Artur Mas. Pero no mediante una amenaza mayor, u órdago, sino mediante un estado de tensión anterior. Mas podría optar por solicitar inmediatamente su salida de España. Sería más o menos lastimosa, pero en cambio, opta por hacer malabares y dejar que todo “pueda salirse fuera de control” mediante una elecciones en un momento de crispación social importante.
Para Rajoy, la amenaza del pacto fiscal a cambio de la salida de España no era creíble. Pero ahora, el coste para España de la deflagración de la granada aumenta ¿por qué? Pues porque lo que más le duele a España ahora mismo es la pérdida de la imagen de unidad con respecto al exterior. Estamos en un momento de ajustes y reformas que requieren consenso social frente a los inversores internacionales y Europa. Con esta acción, Cataluña está subiendo los costes de la negociación, de manera muy barata para ellos, y con consecuencias mucho más caras para España.
El peor elemento para los mercados financieros no es el riesgo, sino la incertidumbre. El riesgo puede medirse y asegurarse, pero la incertidumbre no. En este sentido, las elecciones catalanas generan incertidumbre. La estrategia de España ahora es complicada, pero debe en todo caso ir encaminada a concretar al máximo las peticiones de Cataluña, dar claridad y transparencia y no dejar que se pierda el control de esta negociación. Las peticiones pueden ser mejores o peores para España, pero repetimos, es mejor tener un riesgo medible, a una incertidumbre como la actual
SINTETIA
Pues bien, esta es una interpretación sensata de lo que está haciendo, en nuestra opinión, Cataluña. “Se la está jugando”, como dice literalmente Artur Mas. Pero no mediante una amenaza mayor, u órdago, sino mediante un estado de tensión anterior. Mas podría optar por solicitar inmediatamente su salida de España. Sería más o menos lastimosa, pero en cambio, opta por hacer malabares y dejar que todo “pueda salirse fuera de control” mediante una elecciones en un momento de crispación social importante.
Para Rajoy, la amenaza del pacto fiscal a cambio de la salida de España no era creíble. Pero ahora, el coste para España de la deflagración de la granada aumenta ¿por qué? Pues porque lo que más le duele a España ahora mismo es la pérdida de la imagen de unidad con respecto al exterior. Estamos en un momento de ajustes y reformas que requieren consenso social frente a los inversores internacionales y Europa. Con esta acción, Cataluña está subiendo los costes de la negociación, de manera muy barata para ellos, y con consecuencias mucho más caras para España.
El peor elemento para los mercados financieros no es el riesgo, sino la incertidumbre. El riesgo puede medirse y asegurarse, pero la incertidumbre no. En este sentido, las elecciones catalanas generan incertidumbre. La estrategia de España ahora es complicada, pero debe en todo caso ir encaminada a concretar al máximo las peticiones de Cataluña, dar claridad y transparencia y no dejar que se pierda el control de esta negociación. Las peticiones pueden ser mejores o peores para España, pero repetimos, es mejor tener un riesgo medible, a una incertidumbre como la actual
SINTETIA
Los ayuntamientos han calculado por primera vez de manera oficial cuánto dinero le cuestan las competencias impropias que prestan a los ciudadanos. El presidente de la Federación de Municipios, Iñigo de la Serna, estima que los consistorios se gastan 10.000 millones de euros anuales, el 25% de los gastos municipales totales, en servicios que no le corresponden prestar. De hecho, los municipios pequeños dedican hasta el 35% de su presupuesto a financiar servicios públicos que deberían prestar las comunidades o el Estado.
Según el alcalde de Santander la mayor parte de este gasto no obligatorio se dedica a la prestación de servicios sociales (al menos dos tercios del total) y que el 70% es gasto corriente. Este será uno de los asuntos que deberá abordar la Comisión que hará una macroauditoría a las administraciones en los próximos ocho meses, y que se constituirá hoy mismo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asistirán a la primera reunión. El presidente de la Femp desveló ayer estos datos en una conferencia en el Executive Fórum de Madrid.
Hasta ahora sólo se conocían estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales, que calcula en uno de sus informes que los servicios impropios de los ayuntamientos, los que prestan sin que realmente les correspondan, le cuestan a cada ciudadano hasta 200 euros de media. Por ello la reforma local que ultima el equipo de Rajoy quiere eliminar pedanías y mancomunidades.
Los técnicos de Hacienda también han desvelado que "el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de menos de 5.000 habitantes". En concreto, el coste per cápita de sufragar en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
El problema de los servicios impropios es una de las grandes cuestiones sin resolver en la estructura del modelo de Estado. Por ejemplo, las entidades locales gestionan más servicios públicos básicos que el Estado. Las CCAA se gastan 2.374 millones en Justicia, un 38% más que el Estado (que desembolsa 1.713 millones). Además, los ayuntamientos y las CCAA se gastan juntos prácticamente lo mismo que el Estado en seguridad ciudadana. También existen solapamientos entre administraciones en las políticas culturales, en las infraestructuras e incluso en las subvenciones a la I+D+i.
El gran inconveniente de los consistorios es que, mientras que el Estado y las CCAA tienen ingresos propios e impuestos que sirven para pagar estos servicios públicos, los ayuntamientos no cuentan con ingresos fiscales suficientes para pagar estos servicios esenciales. Para dejar claro quién presta cada servicio, Rajoy deberá prohibir que algunas administraciones se gasten su dinero en poner en marcha proyectos que no les corresponden.
Según el alcalde de Santander la mayor parte de este gasto no obligatorio se dedica a la prestación de servicios sociales (al menos dos tercios del total) y que el 70% es gasto corriente. Este será uno de los asuntos que deberá abordar la Comisión que hará una macroauditoría a las administraciones en los próximos ocho meses, y que se constituirá hoy mismo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asistirán a la primera reunión. El presidente de la Femp desveló ayer estos datos en una conferencia en el Executive Fórum de Madrid.
Hasta ahora sólo se conocían estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales, que calcula en uno de sus informes que los servicios impropios de los ayuntamientos, los que prestan sin que realmente les correspondan, le cuestan a cada ciudadano hasta 200 euros de media. Por ello la reforma local que ultima el equipo de Rajoy quiere eliminar pedanías y mancomunidades.
Los técnicos de Hacienda también han desvelado que "el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de menos de 5.000 habitantes". En concreto, el coste per cápita de sufragar en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
El problema de los servicios impropios es una de las grandes cuestiones sin resolver en la estructura del modelo de Estado. Por ejemplo, las entidades locales gestionan más servicios públicos básicos que el Estado. Las CCAA se gastan 2.374 millones en Justicia, un 38% más que el Estado (que desembolsa 1.713 millones). Además, los ayuntamientos y las CCAA se gastan juntos prácticamente lo mismo que el Estado en seguridad ciudadana. También existen solapamientos entre administraciones en las políticas culturales, en las infraestructuras e incluso en las subvenciones a la I+D+i.
El gran inconveniente de los consistorios es que, mientras que el Estado y las CCAA tienen ingresos propios e impuestos que sirven para pagar estos servicios públicos, los ayuntamientos no cuentan con ingresos fiscales suficientes para pagar estos servicios esenciales. Para dejar claro quién presta cada servicio, Rajoy deberá prohibir que algunas administraciones se gasten su dinero en poner en marcha proyectos que no les corresponden.
La deuda de las administraciones públicas españolas se ha situado a cierre de 2012 en el
84,1% del PIB, 14,8pp más que en 2011, de los cuales más de la mitad corresponden la
puesta en marcha del FLA, del Fondo para el pago a proveedores y al préstamo del MEDE.
Descontando esto, se observa una contención del incremento de la deuda pública española
que habría crecido por debajo del déficit registrado en 2012.
La deuda de las administraciones públicas creció en 2012 14,8pp
elevándose hasta el 84,1% del PIB, impulsada por los mecanismos de
liquidez a las administraciones territoriales y la recapitalización
bancaria
El conjunto de administraciones públicas españolas han cerrado el ejercicio 2012 con
elevando su deuda pública en términos del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE),
14,8pp más que en diciembre del año pasado. Más de la mitad de dicho incremento,
8,5pp del PIB, se ha debido a la puesta en marcha de los instrumentos de provisión
de liquidez para las administraciones territoriales: 1,6pp del Fondo de Liquidez
autonómica (FLA), 2,6pp del Fondo de financiación para el pago a proveedores
(FFPP) y al préstamo del MEDE para la recapitalización del sistema financiero (3,8pp
del PIB), a los que habría que añadir 0,5pp de las emisiones del Fondo de
amortización del déficit eléctrico (FADE). Descontando estos mecanismos, la deuda
pública española se habría incrementado en 2012 en torno a 6,3pp del PIB, por
debajo del déficit del 6,7% del PIB anunciado por el Gobierno.
El mayor incremento de la deuda se ha registrado en la administración central, que ha
situado su nivel de deuda (consolidada con la Seguridad Social) en torno al 62,5% del
PIB a cierre de 2012, frente al 52,6% con que cerró 2010. Gran parte de este
incremento se debe a los mecanismos anteriormente comentados. Por su parte, las
comunidades autónomas han incrementado su deuda en torno a 4,3pp alcanzando
un 17,6% del PIB en diciembre de 2012, de los cuales 3,3pp corresponden al FLA y
del FFPP. Por su parte, las corporaciones locales han cerrado el año 2012 con una
deuda equivalente al 4% del PIB. Descontado igualmente el importe del FFPP (0,8pp
del PIB), la deuda de las corporaciones locales se habría reducido en torno a una
décima del PIB (véanse los Gráficos 1 y 2).
La deuda de las comunidades autónomas se ha situado en el 17,6%
del PIB, 4,3pp más que en diciembre de 2011
Descontado el efecto del FFPP y del FLA (1,7pp y 1,6pp del PIB, respectivamente) el
incremento de la deuda autonómica durante 2012 habría sido de 1,3pp del PIB,
cuatro décimas por debajo del déficit registrado en 2012 (-1,7% del PIB). Las
dificultades financieras han condicionado la salida de las comunidades autónomas al
mercado y, se observa, una mayor apelación a los préstamos que a la emisión de
valores, así como una sustitución de deuda a corto plazo por endeudamiento a largo,
en ambos instrumentos de financiación.
El incremento de la deuda ha sido superior al déficit registrado en 2012 en todas las
comunidades, siendo especialmente destacable en Castilla-La Mancha, Valencia, y
Murcia debido, fundamentalmente, a que son las comunidades que, en términos
relativos a su PIB, han recurrido en mayor medida al FFPP y al FLA. Como resultado,
Valencia y Castilla-La Mancha siguen siendo las comunidades con un mayor
endeudamiento relativo, seguidas de Cataluña, y Baleares, todas ellas muy por encima
del 17,6% del PIB de la media autonómica (Gráficos 3 y 4).
Disminuye el riesgo indirecto derivado del endeudamiento de las
empresas no incluidas dentro del sector de las administraciones
públicas
El endeudamiento de las empresas públicas que no se incluyen dentro del sector
administraciones públicas, y por tanto, no se tiene en cuenta a efectos de los límites del
Protocolo de déficit excesivo, ha disminuido por primera vez desde 2005, situándose a
cierre de 2012 en el 5,1% del PIB, una décima menos que en 2011 (véase el Gráfico
5). Cabe destacar que esta disminución se ha concentrado tanto en las empresas de
comunidades autónomas como de corporaciones locales, que han compensado el
incremento del endeudamiento de las empresas estatales, más concretamente del ADIF.
84,1% del PIB, 14,8pp más que en 2011, de los cuales más de la mitad corresponden la
puesta en marcha del FLA, del Fondo para el pago a proveedores y al préstamo del MEDE.
Descontando esto, se observa una contención del incremento de la deuda pública española
que habría crecido por debajo del déficit registrado en 2012.
La deuda de las administraciones públicas creció en 2012 14,8pp
elevándose hasta el 84,1% del PIB, impulsada por los mecanismos de
liquidez a las administraciones territoriales y la recapitalización
bancaria
El conjunto de administraciones públicas españolas han cerrado el ejercicio 2012 con
elevando su deuda pública en términos del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE),
14,8pp más que en diciembre del año pasado. Más de la mitad de dicho incremento,
8,5pp del PIB, se ha debido a la puesta en marcha de los instrumentos de provisión
de liquidez para las administraciones territoriales: 1,6pp del Fondo de Liquidez
autonómica (FLA), 2,6pp del Fondo de financiación para el pago a proveedores
(FFPP) y al préstamo del MEDE para la recapitalización del sistema financiero (3,8pp
del PIB), a los que habría que añadir 0,5pp de las emisiones del Fondo de
amortización del déficit eléctrico (FADE). Descontando estos mecanismos, la deuda
pública española se habría incrementado en 2012 en torno a 6,3pp del PIB, por
debajo del déficit del 6,7% del PIB anunciado por el Gobierno.
El mayor incremento de la deuda se ha registrado en la administración central, que ha
situado su nivel de deuda (consolidada con la Seguridad Social) en torno al 62,5% del
PIB a cierre de 2012, frente al 52,6% con que cerró 2010. Gran parte de este
incremento se debe a los mecanismos anteriormente comentados. Por su parte, las
comunidades autónomas han incrementado su deuda en torno a 4,3pp alcanzando
un 17,6% del PIB en diciembre de 2012, de los cuales 3,3pp corresponden al FLA y
del FFPP. Por su parte, las corporaciones locales han cerrado el año 2012 con una
deuda equivalente al 4% del PIB. Descontado igualmente el importe del FFPP (0,8pp
del PIB), la deuda de las corporaciones locales se habría reducido en torno a una
décima del PIB (véanse los Gráficos 1 y 2).
La deuda de las comunidades autónomas se ha situado en el 17,6%
del PIB, 4,3pp más que en diciembre de 2011
Descontado el efecto del FFPP y del FLA (1,7pp y 1,6pp del PIB, respectivamente) el
incremento de la deuda autonómica durante 2012 habría sido de 1,3pp del PIB,
cuatro décimas por debajo del déficit registrado en 2012 (-1,7% del PIB). Las
dificultades financieras han condicionado la salida de las comunidades autónomas al
mercado y, se observa, una mayor apelación a los préstamos que a la emisión de
valores, así como una sustitución de deuda a corto plazo por endeudamiento a largo,
en ambos instrumentos de financiación.
El incremento de la deuda ha sido superior al déficit registrado en 2012 en todas las
comunidades, siendo especialmente destacable en Castilla-La Mancha, Valencia, y
Murcia debido, fundamentalmente, a que son las comunidades que, en términos
relativos a su PIB, han recurrido en mayor medida al FFPP y al FLA. Como resultado,
Valencia y Castilla-La Mancha siguen siendo las comunidades con un mayor
endeudamiento relativo, seguidas de Cataluña, y Baleares, todas ellas muy por encima
del 17,6% del PIB de la media autonómica (Gráficos 3 y 4).
Disminuye el riesgo indirecto derivado del endeudamiento de las
empresas no incluidas dentro del sector de las administraciones
públicas
El endeudamiento de las empresas públicas que no se incluyen dentro del sector
administraciones públicas, y por tanto, no se tiene en cuenta a efectos de los límites del
Protocolo de déficit excesivo, ha disminuido por primera vez desde 2005, situándose a
cierre de 2012 en el 5,1% del PIB, una décima menos que en 2011 (véase el Gráfico
5). Cabe destacar que esta disminución se ha concentrado tanto en las empresas de
comunidades autónomas como de corporaciones locales, que han compensado el
incremento del endeudamiento de las empresas estatales, más concretamente del ADIF.
Si 2012 fue un annus horribilis para la deuda autonómica -subió el 30,9 por ciento, hasta situarse en el 17,6 por ciento del PIB español, además de registrar, con 185.048 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica y aumentar en todas las CCAA-, los próximos tres ejercicios no tienen visos de ser mejores. Si acaso, aún peores, ya que todos los Gobiernos regionales han recibido el beneplácito del Ministerio de Hacienda para incrementar hasta 2016 sus volúmenes respectivos de pasivo público, hasta suponer entre todos el 20,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país a finales de ese ejercicio.
Una manga ancha en la deuda autonómica -que ya era a la carta, con metas asimétricas para cada territorio- que contrasta con el estrecho marcaje que realizan el Ministerio, y su titular, Cristóbal Montoro, en cuanto al déficit autonómico, que sí deberá ir disminuyendo cada año -en la totalidad de las CCAA, y en algunos casos de forma severa-, hasta suponer tan sólo el 0,2 por ciento del PIB en 2016. Un porcentaje muy inferior al 1,73 por ciento de desfase con que las autonomías cerraron 2012.
Ratio de deuda sobre PIB
Esta aparente relajación de los objetivos macroeconómicos en lo referido al endeudamiento regional podría indicar, asimismo, que una parte del ajuste en déficit que el Gobierno les exige a las autonomías acaba yendo a engordar el volumen de la deuda autonómica, lo que complicaría todavía más la nueva senda de estabilidad que Bruselas le exige a España.
Pero es que, además, según concretó el Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 31 de julio, los objetivos de deuda para el trienio 2014-2016 consagrarán el plácet a las cinco comunidades más endeudadas de 2012 para que sigan liderando el ránking en 2016.
Y, aunque es cierto que las metas de pasivo fijadas por el departamento de Montoro son un techo máximo -y por tanto, nada impide a los respectivos Gobiernos ajustarse más el cinturón-, no es menos verdad que la asfixia financiera que aqueja a todas las regiones no es precisamente un aliciente para desendeudarse.
Así, en detalle, la Comunidad Valenciana (del 29,3 por ciento del PIB regional en 2012 al 31,4 en 2016), Castilla-La Mancha (del 27,8 por ciento al 30,5), Cataluña (del 25,9 por ciento al 27,5), Baleares (del 21,9 por ciento al 23,6) y Región de Murcia (del 16,8 por ciento al 20) son las cinco autonomías que presentan los peores registros de pasivo en relación a sus respectivos PIB. Tanto en 2012 como en 2016, si es que finalmente se cumplen las previsiones oficiales que salieron del pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y todas ellas, salvo Cataluña, están gobernadas en la actualidad por el Partido Popular, lo que indica que la tendencia a gastar no depende delcolor político.
En cuanto a números absolutos, la deuda pública autonómica ascendió el pasado año a 185.048 millones de euros, lo que significa el 17,6 por ciento del PIB del país. La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda fue Cataluña, con 50.948 millones de euros, cantidad que representa el 27,5 por ciento del total acumulado en el conjunto de las regiones.
Le siguió la Comunidad Valenciana, con un pasivo de 29.437 millones de euros; Andalucía, cuya deuda ascendió a 20.544 millones de euros; y Madrid, que presentó números rojos por importe de 20.130 millones. Entre las cuatro sumaron el 65,4 por ciento del total del endeudamiento regional.
Los puntos de partida de cada autonomía son distintos, y basándose en eso Hacienda ha marcado las nuevas metas para 2013, "congruentes con el volumen de endeudamiento de cada comunidad (...), con el objetivo de déficit propuesto y con las necesidades financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación autonómico", según reza el documento oficial.
Horizonte: el 13% en 2020
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció que la deuda de cada comunidad autónoma no podrá exceder del 13 por ciento del PIB regional en el año 2020. Para llegar a esta meta, el Gobierno fijó una serie de etapas de adaptación: el 15,1 por ciento de deuda en 2012; el 16 por ciento en 2013; el 15,9 por ciento en 2014; y el 15,45 por ciento en 2015. Según el calendario de Hacienda, tanto en 2015 como en 2018 se revisarán las sendas de reducción de la deuda y del déficit estructural, para asegurarse de cumplir los límites en 2020.
Parece claro que, con las nuevas metas anunciadas por Hacienda el pasado 31 de julio, la situación se complica, sobre todo porque ni en 2012 ni en 2013 se cumplirá lo proyectado. De hecho, el anterior objetivo de deuda de las CCAA para 2013 era del 16 por ciento. Ahora, del 19,13 por ciento.
Una manga ancha en la deuda autonómica -que ya era a la carta, con metas asimétricas para cada territorio- que contrasta con el estrecho marcaje que realizan el Ministerio, y su titular, Cristóbal Montoro, en cuanto al déficit autonómico, que sí deberá ir disminuyendo cada año -en la totalidad de las CCAA, y en algunos casos de forma severa-, hasta suponer tan sólo el 0,2 por ciento del PIB en 2016. Un porcentaje muy inferior al 1,73 por ciento de desfase con que las autonomías cerraron 2012.
Ratio de deuda sobre PIB
Esta aparente relajación de los objetivos macroeconómicos en lo referido al endeudamiento regional podría indicar, asimismo, que una parte del ajuste en déficit que el Gobierno les exige a las autonomías acaba yendo a engordar el volumen de la deuda autonómica, lo que complicaría todavía más la nueva senda de estabilidad que Bruselas le exige a España.
Pero es que, además, según concretó el Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 31 de julio, los objetivos de deuda para el trienio 2014-2016 consagrarán el plácet a las cinco comunidades más endeudadas de 2012 para que sigan liderando el ránking en 2016.
Y, aunque es cierto que las metas de pasivo fijadas por el departamento de Montoro son un techo máximo -y por tanto, nada impide a los respectivos Gobiernos ajustarse más el cinturón-, no es menos verdad que la asfixia financiera que aqueja a todas las regiones no es precisamente un aliciente para desendeudarse.
Así, en detalle, la Comunidad Valenciana (del 29,3 por ciento del PIB regional en 2012 al 31,4 en 2016), Castilla-La Mancha (del 27,8 por ciento al 30,5), Cataluña (del 25,9 por ciento al 27,5), Baleares (del 21,9 por ciento al 23,6) y Región de Murcia (del 16,8 por ciento al 20) son las cinco autonomías que presentan los peores registros de pasivo en relación a sus respectivos PIB. Tanto en 2012 como en 2016, si es que finalmente se cumplen las previsiones oficiales que salieron del pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y todas ellas, salvo Cataluña, están gobernadas en la actualidad por el Partido Popular, lo que indica que la tendencia a gastar no depende delcolor político.
En cuanto a números absolutos, la deuda pública autonómica ascendió el pasado año a 185.048 millones de euros, lo que significa el 17,6 por ciento del PIB del país. La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda fue Cataluña, con 50.948 millones de euros, cantidad que representa el 27,5 por ciento del total acumulado en el conjunto de las regiones.
Le siguió la Comunidad Valenciana, con un pasivo de 29.437 millones de euros; Andalucía, cuya deuda ascendió a 20.544 millones de euros; y Madrid, que presentó números rojos por importe de 20.130 millones. Entre las cuatro sumaron el 65,4 por ciento del total del endeudamiento regional.
Los puntos de partida de cada autonomía son distintos, y basándose en eso Hacienda ha marcado las nuevas metas para 2013, "congruentes con el volumen de endeudamiento de cada comunidad (...), con el objetivo de déficit propuesto y con las necesidades financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación autonómico", según reza el documento oficial.
Horizonte: el 13% en 2020
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció que la deuda de cada comunidad autónoma no podrá exceder del 13 por ciento del PIB regional en el año 2020. Para llegar a esta meta, el Gobierno fijó una serie de etapas de adaptación: el 15,1 por ciento de deuda en 2012; el 16 por ciento en 2013; el 15,9 por ciento en 2014; y el 15,45 por ciento en 2015. Según el calendario de Hacienda, tanto en 2015 como en 2018 se revisarán las sendas de reducción de la deuda y del déficit estructural, para asegurarse de cumplir los límites en 2020.
Parece claro que, con las nuevas metas anunciadas por Hacienda el pasado 31 de julio, la situación se complica, sobre todo porque ni en 2012 ni en 2013 se cumplirá lo proyectado. De hecho, el anterior objetivo de deuda de las CCAA para 2013 era del 16 por ciento. Ahora, del 19,13 por ciento.
cgilnavarro
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Brutal el aumento del transporte público en Barcelona...
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Para los que vivimos en Barcelona....
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No había visto tu comentario hasta hoy.... Mi barrio está situado en un triángulo que pertenece a todos y a ninguno...
Vallcarca-Penitents van mis hijas al cole y tengo médico, Sant Genís es donde juego a fútbol y hago la compra semanal, y en medio, tengo mi vivienda....