Hilo de Puerto Rico y su grave crisis financiera

Actualizo datos básicos (los pocos que hay) de este estado que es casi un país:





Fondos de inversión han denunciado la normativa porque podría socavar sus derechos

Bajo su legislación, Puerto Rico no tiene poder para crear una ley de quiebras con la que ajustar su deuda

Los fondos de inversión de Estados Unidos que poseen cerca de 1.700 millones de dólares en deuda de Puerto Rico han demandado al país al que acusan de implementar una ley de bancarrotas que podría socavar los derechos de los inversores americanos.

La rápida aprobación, la semana pasada, de esta ley ha asustado al mercado de bonos municipales norteamericanos y ha hecho desplomarse principalmente a la deuda emitida por la autoridad energética de Reino Unido.

Los fondos municipales de Estados Unidos son los principales tenedores de deuda de la isla ya que está libre de impuestos en cada uno de ellos. En este sentido, Puerto Rico es uno de los mayores emisores de bonos en el mercado de deuda municipal de Estados Unidos.

Bajo su legislación, Puerto Rico no tiene poder para crear una ley de quiebras. La denuncia sostiene que la isla ha elaborado una normativa similar al capitulo 11 de Estados Unidos, que es la que emplean las corporaciones norteamericanas para declararse en bancarrota.

¿Grecia? No, en los Estados Unidos
Un juez federal falló el viernes que una ley de restructuración de la deuda de Puerto Rico que busca evitar una bancarrota gubernamental y hacer que las empresas públicas sean autosuficientes es inconstitucional.
La decisión del juez llega en momentos en que la isla busca evitar una suspensión en los servicios públicos mientras intenta pagar una deuda pública de 73.000 millones de dólares. El fallo fue emitido ocho meses después de que varios fondos de inversión estadounidenses interpusieran una demanda contra el gobierno de Puerto Rico, en la que afirmaron que la legislación local conocida como Ley de Recuperación interfería con las leyes federales de bancarrota de Estados Unidos.
El juez Francisco Besosa estuvo de acuerdo en un fallo de 75 páginas.
"El Código Federal de Bancarrotas tiene preeminencia sobre la Ley de Recuperación, y por lo tanto esta es nula", escribió.
Además, les prohibió permanentemente a las autoridades gubernamentales actuales y futuras que implementen la ley, la cual advertía que las empresas públicas de la isla, en especial la de generación de energía eléctrica, "enfrentan desafíos operativos, fiscales y financieros significativos".
La corte consolidó dos casos interpuestos por demandantes que poseen aproximadamente 1.600 millones de dólares en bonos emitidos por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
César Miranda, secretario de Justicia puertorriqueño, dijo que el gobierno está analizando el fallo.
"Posteriormente decidiremos qué acción tomar", afirmó.
El gobernador Alejandro García Padilla aprobó la Ley de Recuperación en junio pasado después de presentarles a los legisladores un proyecto de ley de último momento, exhortándolos a aprobarla en medio de preocupaciones de que ciertas agencias públicas podrían sufrir un colapso financiero.
Las empresas públicas de Puerto Rico son las responsables de casi el 40% de la deuda de 73.000 millones de la isla. Ninguna de ellas ha buscado reestructurar su deuda bajo la ley, que el gobierno ha descrito como una "opción de último recurso".
En parte, la legislación le permite a ciertas compañías públicas trabajar primero con los acreedores con el fin de llegar a un acuerdo antes de que el caso pase a los tribunales. La medida no se aplica a los bonos de obligación general del gobierno y también excluye a los 78 municipios de la isla, el Banco Gubernamental de Fomento y otras entidades.

El gobernador de Puerto Rico delineó el martes su plan para una reforma fiscal, incluido un nuevo impuesto al valor agregado del 16%.

Alejandro García Padilla dijo en un mensaje televisivo pregrabado que el miércoles introducirá la medida, en momentos en que busca generar más recaudaciones gubernamentales luego de una recesión de ocho años. No reveló el monto del impuesto al valor agregado, pero un funcionario que no está autorizado a hablar públicamente al respecto confirmó que se trata de un 16%.

Actualmente la isla tiene un sistema fiscal que penaliza el trabajo y la productividad y alienta la evasión, señaló García, quien lo consideró ineficiente e injusto.

Las ganancias por recaudación de impuestos son la principal fuente de ingresos del gobierno, y el gobernador resaltó que muchos profesionales, incluidos doctores, abogados e ingenieros, reportan un ingreso neto de unos 16.500 dólares. Las autoridades estiman que obtienen cerca del 56% de los impuestos que deberían estar recaudando, lo que les representa pérdidas por cerca de 800 millones de dólares anualmente.

De ser aprobada, la medida de García eliminaría el impuesto a las ventas y uso y un impuesto a los ingresos brutos en favor del impuesto al valor agregado. Resaltó que algunos artículos, tales como cierto tipo de alimentos, medicinas que requieren receta médica y educación pública, estarían libres de impuestos.

La reforma también brindaría un recorte tributario para más de 850.000 personas, pues no se aplicaría un impuesto por ingresos a los primeros 40 mil dólares ganados por cada individuo o los primeros 80.000 de una pareja. Actualmente, aquellos que ganan entre 26.000 dólares y casi 43.000 pagan 980 dólares, más el 14% adicional para aquellos que ganan más de 26.000 dólares.

Además, la reforma proveerá a aquellos que ganan hasta 35.000 dólares de un reembolso tres veces al año por algunos impuestos de compra que hayan pagado. Aquellos que ganen menos de 20.000 dólares anuales recibirán un reembolso total.

Será más fácil regular este tipo de sistema debido a que la responsabilidad ya no recae más en los hombros de más de un millón de contribuyentes, sino en aquellos que importan bienes, señaló García, al tiempo que agregó que cerca de 220 compañías importan el 75% de los artículos que se consumen en la isla.

Legisladores de oposición se quejaron de que el discurso de 10 minutos de duración del gobernador no reveló muchos detalles de su plan, y advirtieron que el impuesto al valor agregado lastimará la ya de por sí débil economía.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, defendió su propuesta de crear un impuesto al valor agregado de 16% en momentos en que el gobierno afronta presiones para que ponga en orden sus finanzas.

Durante una mesa redonda con otros funcionarios, el gobernador afirmó que el IVA es necesario para que la isla supere una recesión que ha durado ocho años y salde su deuda pública por 73.000 millones de dólares.

La reunión se efectuó pocas horas después de que Standard & Poor's redujera la calificación de la deuda a Puerto Rico. La agencia calificadora advirtió que el gobierno podría tener mayores dificultades para pagar su deuda y financiar los servicios públicos.

García rechazó esas preocupaciones y afirmó que la creación del IVA dentro de una amplia reforma impositiva redundaría en mayores ingresos fiscales que tanto necesita el gobierno.

Puerto Rico sufrió el jueves la segunda baja a su calificación crediticia en una semana en momentos en que el gobierno ha impulsado una reforma impositiva para aumentar sus ingresos fiscales.

La calificadora Moody's Investors Service redujo la nota a la deuda de Puerto Rico que alcanza 48.000 millones de dólares y advirtió que la isla podría incurrir en el impago de sus obligaciones en los próximos dos años.

"La reforma fiscal presentada ante la Legislatura, sobre la que persiste incertidumbre en cuanto a su oportunidad y resultados, deja entrever un mayor riesgo político que al final de cuentas podría acarrear resultados desfavorables a los tenedores de bonos", señaló la agencia.

Moody's también señaló que la lentitud del crecimiento económico ha derivado en una caída de los ingresos fiscales, situación que podría agravar los problemas de liquidez de Puerto Rico.

La semana pasada, Standard & Poor's redujo la calificación a los bonos de obligación general de la isla.

Las bajas de ambas firmas a las notas de la deuda de Puerto Rico son señal de un rompimiento de la comunicación entre el gobierno de la isla y las agencias calificadoras, dijo Triet Nguyen, fundador de Axios Advisors LLC, una empresa de investigación e inversión municipal con sede en Illinois.

"La reforma fiscal quizá sea una buena idea a largo plazo, pero por desgracia puede provocar demasiada confusión en el corto plazo", señaló el experto en entrevista telefónica. "Las personas son muy escépticas sobre la capacidad del gobierno para salir adelante".

El gobernador Alejandro García Padilla pretende la aplicación de un impuesto al valor agregado de 16% que redundará, según sus proyecciones, en ingresos fiscales adicionales por 1,500 millones de dólares, mientras el gobierno pasa apuros para reducir una deuda pública de 73.000 millones.

Además Puerto Rico emitirá en fecha próxima bonos por 2.000 millones de dólares que tendrán como respaldo un alza al impuesto especial que se aplica al petróleo crudo.

A pesar de esas medidas, han aumentado las preocupaciones en torno a los planes del gobierno para enfrentar su deuda porque una corte federal estadounidense dijo a principios de mes en un fallo que era inconstitucional una ley local para la reestructuración de la deuda.

El jueves, el delegado de Puerto Rico ante el Congreso, Pedro Pierluisi, anunció que una subcomisión de la Cámara de Representantes federal de Estados Unidos efectuará la semana entrante una audiencia sobre la propuesta que él ha presentado de que se permita a las empresas estatales de la isla reestructurar su deuda.

"Creo que esto es lo más conveniente para todos los accionistas, incluidos acreedores, que desean afanosamente estabilidad en momentos de profunda incertidumbre", declaró Pierluisi.

Una corte de apelaciones de Puerto Rico decretó el miércoles que el acuerdo multimillonario entre la isla y uno de sus bancos más importantes es nulo.

La corte decretó que el gobierno local no le debe a Doral Bank 229 millones de dólares en pago excesivo de impuestos. El gobierno de Puerto Rico anunció en mayo pasado que nulificaría el acuerdo de 2012 en parte porque el período había prescrito.

Doral emitió un comunicado en el que afirmó que apelará la decisión de la corte.

Tanto el banco como el gobierno puertorriqueño han estado en dificultades financieras recientemente.

Un nuevo plan respaldado por el gobernador puertorriqueño Alejandro García busca elevar la recaudación y enfrentar la creciente deuda pública del territorio estadounidense mediante un impuesto al valor agregado (IVA) del 16%.

De ser aprobado, los fabricantes pagarían el IVA sobre la materia prima y lo incluirían en el precio del producto vendido a los minoristas, quienes lo cobrarían a su vez a los consumidores.

El gobernador de Puerto Rico promulgó una ley que exige a los proveedores de servicios aceptar al menos dos tipos diferentes de pago, en un esfuerzo para combatir a los evasores de impuestos.

La ley aplica a cualquiera que solicite una licencia o autorización para proporcionar servicios. Es común que médicos, abogados y otros profesionales que trabajan en el territorio estadounidense acepten únicamente dinero en efectivo.

El Departamento del Tesoro tiene ahora tres meses para implementar la medida que aprobó el miércoles el gobernador Alejandro García Padilla.

El gobierno de Puerto Rico sólo capta 56% del impuesto sobre la renta que debería estar recaudando.

Bonistas de la puertorriqueña AEE revelan plan de US$2.000 millones

Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico presentaron un plan de revitalización el miércoles, días después de que la entidad pública llegó a otro acuerdo con los acreedores para postergar el plazo de vencimiento de algunos préstamos.

Sin un acuerdo, la AEE podría tener que pagar alrededor de US$696 millones que tomó prestados para ayudar a financiar sus operaciones. La nueva fecha límite es el 15 de abril.

La AEE, que cuenta con una calificación crediticia chatarra, señaló que el plan proporciona cerca de US$2.000 millones en nuevas inversiones de infraestructura. Los bonistas y sus socios de capital respaldarán la porción más riesgosa de esta nueva inversión. Este nuevo capital, dice la AEE, le permitirá generar electricidad a tarifas más bajas y estables al mismo tiempo que continuará realizando pagos sobre sus obligaciones contractuales de deuda. También permitiría resolver los más de US$700 millones que las corporaciones públicas del estado libre asociado adeudan a la AEE.

Los inversionistas han enfrentado meses de incertidumbre debido a los problemas económicos de Puerto Rico. La isla cuenta con más de US$70.000 millones en deuda en posesión de una amplia gama de inversionistas debido a que está exenta de impuestos federales, estatales y locales en EE.UU.

La AEE se encuentra en la delantera de los problemas financieros de la isla. La autoridad, que tiene alrededor de US$9.000 millones en deuda, sufre por efectivo para financiar operaciones y pagar a los prestamistas conforme el territorio asociado de EE.UU. batalla con una tasa de desempleo pronunciada y una economía débil.

Puerto Rico tiene prohibido que sus entidades públicas accedan a las protecciones de bancarrota del Capítulo 9 de la ley federal estadounidense de quiebras que reciben ciudades como Detroit. WSJ

Puerto Rico contrata ex funcionarios del FMI en busca de una salida

El gobierno de Puerto Rico y los fondos de cobertura que poseen sus bonos están acudiendo a ex empleados del Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda para resolver una creciente deuda que podría requerir una reestructuración más parecida a la de Grecia que a la de una ciudad atribulada como Detroit.

La gestión ocurre en momentos en que Puerto Rico se encuentra en negociaciones con los fondos y otros inversionistas para obtener préstamos de hasta unos US$3.000 millones en nuevos bonos para reabastecer sus arcas casi vacías. El estado libre autónomo ya tiene más de US$70.000 millones en deuda, incluyendo la de entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica, que se encuentra en negociaciones de reestructuración con acreedores en anticipación a un plazo para extender algunos de sus pagos que vencen el miércoles.

Los avances reflejan el estatus inusual de la isla, que cuenta con una calificación crediticia en territorio chatarra, ya que no es ni un estado de Estados Unidos ni un país soberano, lo que incapacita de permitir que sus organismos municipales accedan a las protecciones de bancarrota de EE.UU.

Puerto Rico ha contratado como consultora a Anne Krueger, la ex subdirectora gerente del FMI, mientras que un comité que representa a los fondos de cobertura se encuentra en conversaciones en torno a un convenio con Claudio Loser, el ex director del departamento del hemisferio occidental del FMI, según personas con conocimiento de la situación.

La participación de veteranos del FMI subraya la manera en que han cambiado las percepciones sobre Puerto Rico, otrora un imán del mercado de bonos municipales de US$3,7 billones. El FMI funciona como un prestamista de último recurso para países de mercados emergentes, algo a lo que algunos inversionistas dicen que Puerto Rico se parece cada vez más.

Peter Hayes, director del grupo de bonos municipales de BlackRock, dice que Puerto Rico ha rebasado la etapa de arreglos sencillos y que para la isla será difícil escaparse de una reestructuración. “El problema es que se les está acabando el tiempo”, dijo.

Un juez federal bloqueó en febrero una ley local que habría creado un proceso de reestructuración para la AEE y otras corporaciones públicas, y un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. aún está considerando un proyecto de ley que autorizaría al estado libre autónomo permitirles a esos organismos acceso a las mismas protecciones del capítulo 9 de la ley federal de quiebras que fueron concedidas a Detroit.

Los inversionistas han enfrentado meses de incertidumbre de Puerto Rico, cuyo gobierno está batallando con una economía débil, una población en declive y un alto desempleo. Muchos inversionistas en EE.UU. poseen sus bonos ya que están exentos de impuestos federales, estatales y locales y a menudo ofrecen mayores rendimientos que otros bonos municipales.

Como estado libre autónomo de EE.UU., la isla no reúne los requisitos para obtener ayuda del FMI, pero el endeudamiento excesivo, la presentación de información financiera incongruente y la baja recaudación de impuestos que colocaron a Puerto Rico en problemas son comunes en los países en desarrollo que los economistas del FMI sirven. Y al igual que muchos de aquellos países, Puerto Rico está batallando con la forma de realizar recortes presupuestarios y aumentos de impuestos políticamente polémicos sin ahogar el ya débil crecimiento económico.

El gobierno de Puerto Rico tiene niveles de deuda relativamente bajos según estándares internacionales y afrontar el déficit es viable, dice Charles Blitzer, un ex subdirector del departamento de mercados monetarios y capitales del FMI y ahora director en Blitzer Consulting.

“Esto es factible sin grandes dolores”, afirmó. “De hecho, los países que se han ajustado se han percatado que las tasas de crecimiento de hecho aumentan. Tengo esperanza de que la contratación de ex empleados del FMI por parte de Puerto Rico manifieste su disposición a ajustar sus problemas presupuestarios de manera creíble y rápida”.

Los fondos de cobertura que poseen un buen porcentaje de los bonos de Puerto Rico están buscando consejos del manual de estrategia del FMI sobre cómo utilizar la promesa nuevos préstamos para persuadir a gobiernos a realizar reformas financieras y, si eso no funciona, cómo negociar con un soberano en default, indicaron personas con conocimiento de la situación.

Antes este año, el grupo de bonistas que incluye a Brigade Capital Management LP, Centerbridge Partners LP, Davidson Kempner Capital Management, Fir Tree Partners y Monarch Alternative Capital envió a las autoridades financieras de la isla una lista de términos para incluir en la próxima venta de bonos. Las cláusulas propuestas buscan impulsar a Puerto Rico a realizar recortes de impuestos y una mejor presentación de datos financieros, y al mismo tiempo colocar a los tenedores de la nueva deuda por encima de otros acreedores en caso de una cesación de pagos, informaron personas al tanto.

Cuando Puerto Rico tomó US$3.500 millones prestados en el mercado de bonos hace un año para abrirse margen financiero, los fondos de cobertura compraron más de la mitad de la emisión. Las firmas compraron el bono por su atractivo rendimiento de 8,7% pero también porque esperaban que una financiación exitosa elevara los precios de otros bonos de la isla que ya poseían.

Desde entonces, Puerto Rico ha batallado para realizar una prometida reforma tributaria y los precios de los bonos han caído. El precio del bono de 2014 alcanzó mínimos históricos por debajo de 80 centavos por dólar el mes pasado después de que tres legisladores propusieron eliminar las protecciones constitucionales de los bonistas.

Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de la isla, ha dicho que el banco y el gobierno se oponen a tal legislación.

La reforma tributaria también ha recibido una respuesta incómoda, y enfrenta resistencia de muchos segmentos de la economía de la isla y su aprobación se mantiene incierta, según Janney Capital Markets. Acosta dijo combatiría la evasión de impuestos e incluiría exenciones diseñadas a proteger a los trabajadores de bajos ingresos.

Los acreedores de Puerto Rico quieren más que promesas de reforma antes de comprar más bonos. El grupo le ha pedido a Acosta incluir cláusulas que incrementarían la tasa de interés de bonos si el gobierno no logra cumplir con sus objetivos presupuestarios y requeriría informes financieros puntuales y estandarizados, indicaron las personas al tanto.

“Este financiamiento busca de manera explícita llevar a Puerto Rico a la salud económica”, escribió Loser en un email. “El estado libre autónomo debe comprometerse a desarrollar un plan integral que mantenga el equilibrio del presupuesto con informes financieros puntuales y transparentes”. WSJ

El Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico advirtió el miércoles que es muy posible que la isla sufra un cierre del gobierno en los próximos tres meses debido a la falta de fondos.

El banco hizo la advertencia en una carta hecha pública un día después de ser enviada al gobernador Alejandro García Padilla y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

"La condición financiera es extremadamente precaria", afirma la misiva. "Un cierre gubernamental tendría un impacto devastador sobre la economía del país, con recortes de nómina y en servicios públicos, con una recuperación dolorosa y de larga duración".

Autoridades del banco señalaron en la carta que los problemas fiscales del gobierno evitarán que venda más bonos en el mercado de capitales, como lo tenía contemplado, y exhortaron a los legisladores a implementar medidas inmediatas para recortar costos y equilibrar el presupuesto. El gobierno se había estado preparando para emitir más de 2.000 millones de dólares en bonos en los próximos meses, en parte para fortalecer a las agencias sumergidas en grandes deudas.

Funcionarios del banco señalaron que el gobierno necesita aprobar un plan a cinco años para ayudar a reducir una deuda pública de 73.000 millones de dólares, y también autorizar cambios radicales al problemático sistema de impuestos de la isla.

Bárbara Morgan, portavoz del banco, señaló que los funcionarios bancarios no estaban disponibles para hacer más comentarios.

La carta fue emitida en momentos en que García enfrenta resistencia de los miembros de su partido en una medida que impondría un impuesto al valor agregado de 16%, el cual dice es necesario para ayudar a generar mayores ganancias. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo que un grupo de legisladores ha alcanzado un acuerdo tentativo para imponer un impuesto al valor agregado del 14%, e indicó que esperan que la cámara baja vote sobre esto próximamente.

De ser aprobada, la medida volverá de regreso al Senado. Un mensaje al presidente de la cámara alta, Eduardo Bhatia, no fue devuelto de inmediato.

El último cierre gubernamental de Puerto Rico se dio en mayo de 2006 en medio de un déficit en el presupuesto que fue resuelto con un préstamo de emergencia. La paralización parcial de dos semanas obligó a cerrar las escuelas públicas de Puerto Rico y dejó inmóvil a la mitad de la fuerza laboral del gobierno central.

Además provocó que la agencia calificadora de riesgo Moody's Investors Service recortara la calificación de los bonos de obligación general de la isla.

Standard & Poor's redujo la calificación de las obligaciones generales de Puerto Rico mientras los legisladores debaten una reforma al sistema tributario del territorio estadounidense para generar más ingresos en medio de una crisis financiera.

La agencia calificadora indicó que el acceso a los mercados se está limitando para Puerto Rico y expresó preocupación por la falta de consenso mientras el gobierno prepara su presupuesto fiscal 2016. El anuncio emitido el viernes en la noche se conoce unos días después de que el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico advirtió que el gobierno podría verse obligado a cesar operaciones en tres meses dada la carencia de fondos.

El banco también dijo que los problemas fiscales del gobierno le impedirán acceder al mercado de capitales. Puerto Rico ha dicho que planea emitir más de 2.000 millones de dólares en bonos mientras la isla busca reducir su deuda pública de 73.000 millones de dólares.

El gobernador Alejandro García Padilla se comprometió el jueves a negociar con legisladores después de que rechazaron una reforma fiscal en Puerto Rico, lo que generó preocupación en torno al futuro económico de la isla.

Sin embargo, advirtió que actuará por su cuenta de ser necesario para corregir los problemas financieros del gobierno.

"Puerto Rico está ante una de las mayores crisis de índole fiscal y económica en toda nuestra historia moderna", afirmó García en su discurso anual televisado sobre el estado de la isla. "No puedo dejar de actuar. El país no aguanta más la incertidumbre de la inacción. Con ustedes, o a pesar de algunos de ustedes, este país se levantará".

El gobernador pronunció su discurso horas después de que los legisladores rechazaran su exhortación para aplicar un impuesto al valor agregado de 16%, y luego votaran 28-22 a favor de una forma alterna de obtener fondos, incluido un impuesto del 13% a bienes y servicios luego de unas nueve horas de debate y semanas de negociaciones.

García dijo que actuaría de inmediato con el fin de reducir los costos del gobierno, reestructurar el Departamento del Tesoro para ayudar a contener la evasión fiscal, y presionar para que Puerto Rico tenga el derecho a declararse en bancarrota con el fin de poderse reorganizar. Dijo que planea crear dos grupos de trabajo para hallar formas de impulsar la liquidez y ayudar a reorganizar el gobierno para asegurar la continuidad de servicios esenciales.

Hizo notar que su gobierno ya ha reducido un déficit de 2.200 millones de dólares a menos de 200 millones y también recortó 16.000 puestos gubernamentales sin tener que recurrir a despidos.

García criticó a los que votaron contra su medida fiscal antes del amanecer, considerándolo un acto "ególatra y desleal".

"Sin embargo, ellos no nos descarrilarán", afirmó. "La ruta que trazaremos será más difícil, pero no imposible".

Un opositor del plan fiscal, el representante Manuel Natal, dijo que él y los otros legisladores que votaron contra la medida desean una reforma en los impuestos que refleje las realidades fiscales de la isla y no golpee duramente a la clase trabajadora.

"No se atendía el principal problema fiscal de Puerto Rico, la monumental deuda pública", afirmó Natal.

En momentos en que Puerto Rico se encuentra en su octavo año en recesión, el gobierno soporta una pesada carga de 73.000 millones de dólares en deuda pública, y a los inversionistas les preocupa que algunas de las agencias de la isla pudieran irse a la bancarrota. El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico advirtió recientemente que el gobierno podría quedar paralizado en tres meses si no se actúa.

Melba Acosta, presidenta de esa institución, dijo a The Associated Press que el plan fiscal de García que fue rechazado habría captado ingresos de la enorme economía subterránea de la isla. Indicó que el gobierno analizará otras formas de obtener ingresos, pero declinó proporcionar detalles específicos.

"La guerra es larga y se pueden perder batallas en el camino", afirmó.

Legisladores de oposición acusaron a García de ofrecer solamente promesas vagas en su discurso sobre cómo corregir la economía y criticaron su advertencia de actuar por su cuenta si decide que eso se requiere.

"Nadie acepta el diálogo bajo amenazas", señaló la legisladora Lourdes Ramos.

El economista Gustavo Vélez dijo en entrevista telefónica que el gobierno necesita actuar rápidamente para hacer frente a sus problemas financieros, e indicó que debería reducir el gasto público en hasta 800 millones de dólares.

"Esto nos obliga a buscar más allá de la solución tradicional de aumentar la deuda y los impuestos", señaló. "Obliga a las autoridades a reducir los gastos y analizar el tamaño del gobierno".

El gobernador dijo que espera presentar una propuesta presupuestal para el año fiscal 2016 en las próximas semanas, junto con un plan quinquenal de ajuste en los impuestos.

"Pero si no logramos el consenso aquí, tomaré todas las acciones que mis poderes constitucionales me permitan sin la intervención legislativa", afirmó García ante un atronador aplauso de cientos de partidarios reunidos en el Capitolio a la orilla del mar.

Opinión: La táctica de Puerto Rico para aliviar su deuda

Mientras Puerto Rico se hunde bajo el peso de US$73.000 millones en deudas del gobierno y sus agencias, sin mencionar los miles de millones más en pasivos de salud y la falta de fondos para las pensiones, su clase política busca una válvula de escape.

Esta salida no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Pero si un juez de una corte de bancarrota aprueba una rebaja contable de, digamos, la mitad de la deuda municipal, eso reduciría la presión fiscal.

Hay una “app” para eso. El problema para Puerto Rico es que obtener esa rebaja requiere un cambio retroactivo en la legislación estadounidense. Si al Congreso de EE.UU. le importa el futuro de Puerto Rico o los cientos de miles de estadounidenses que poseen deuda puertorriqueña, debería simplemente decir que no.

Más de la mitad de la deuda en circulación de Puerto Rico son bonos triplemente exentos de impuestos (local, estatal y federal) emitidos por corporaciones del gobierno. A diferencia de las empresas públicas y las municipalidades en los 50 estados de EE.UU., estos entes no tienen acceso a la protección del Capítulo 9 de la ley de bancarrota estadounidense. Si no logran cumplir con sus obligaciones, enfrentan la liquidación.

En junio pasado, Puerto Rico aprobó una ley para permitir que las corporaciones estatales se declaren en bancarrota. Pero en febrero, un juez estadounidense en San Juan derogó esa ley argumentando que el código de quiebras federal está por encima.

Ahora, Pedro Pierluisi, que representa a Puerto Rico como miembro sin derecho a voto en la Cámara de Representantes de EE.UU., está promoviendo un proyecto de ley para extender a la isla el Capítulo 9 de protección de la bancarrota. Permitir esa ruta a los estados de la unión y no a Puerto Rico es “ilógico e injusto”, me indicó su oficina en un correo electrónico enviado la semana pasada.

Podría haber una buena razón para hacer este cambio si se aplica a nuevas emisiones de bonos y si el gobierno desea pagar la prima de mayor riesgo que implica el abrir paso a la corte de bancarrotas. Pero como lo advirtió el presidente del comité judicial de la cámara baja, el republicano Bob Goodlatte, en una audiencia de un subcomité en febrero, el proyecto de Pierluisi no es “únicamente una ‘reparación’ técnica al código de quiebras”.

Cada una de las empresas del gobierno de Puerto Rico “ha emitido miles de millones de dólares en bonos municipales”, indicó Goodlatte. Si sólo una de ellas se acoge al Capítulo 9, “se clasificaría entre las mayores quiebras municipales de la historia de nuestro país”.

Cuando se emitieron los bonos, las dos partes del contrato sabían que las empresas no tenían acceso al Capítulo 9. Eso significa, según Goodlatte, que “las propuestas que tendrán impacto retroactivamente sobre los derechos de los inversionistas deben ser revisadas con cuidado y cautela”.

Los dueños de casi US$9.000 millones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) parecen estar de acuerdo. El total de bonos en circulación de la empresa es casi cuatro veces más grande que los US$2.200 millones en bonos municipales que Detroit marcó como blanco de rebaja contable cuando solicitó la protección del Capítulo 9 en 2013.

Bajo los términos de los contratos de bonos de la empresa eléctrica, los tenedores de al menos 60% del valor de la deuda en circulación pueden aceptar limitar los términos del contrato para darle a la corporación un alivio sobre el pago de intereses. Ese mínimo de acreedores le ha dado a la empresa un plazo de espera que vence el 4 de junio. La AEE dice que trabaja en un plan de recuperación que presentará a los acreedores el 1 de junio. Si no logran llegar a una solución negociada, la empresa podría enfrentar la quiebra.

La oficina de Pierluisi me dijo que hay un amplio apoyo entre los tenedores de bonos a la propuesta de darle acceso al Capítulo 9 a Puerto Rico. Pero buena parte de ese apoyo, según la misma oficina, parece proceder de los tenedores de bonos de obligación general, los cuales se beneficiarían de una reducción de la enorme deuda total de Puerto Rico.

El año pasado, el gobernador Alejandro García Padilla sugirió que las rebajas contables de las empresas del Estado son necesarias para mantener los servicios públicos. Otra línea de pensamiento indica que es una forma de reducir los costos de la electricidad y estimular la economía. Y si no pago mi tarjeta de crédito de American Express (AXP) puedo hacer lo mismo por Nueva York el próximo mes.

Sin embrago, no hay evidencia de que los acreedores de la AEE estén añorando el recorte al que podrían tener que someterse bajo el Capítulo 9. O que incluso deseen que la empresa se liquide.

Un grupo de bonistas institucionales —que incluyen a Franklin Advisors y Oppenheimer Funds— que representan 40% de los bonos en circulación y más de 500.000 tenedores de bonos independientes han ofrecido a la empresa un plan de reestructuración para evitar la liquidación. Este incluye un compromiso de inyectar US$2.000 millones en capital para modernizar los equipos de generación eléctrica y recortar los costos. Si la empresa de energía puede mejorar su eficiencia operacional, el grupo cree que su propuesta puede reducir la tarifa de la electricidad de 28 centavos por kilovatio-hora de los últimos años a 22 centavos por kilovatio-hora.

Es poco probable que esta intervención resulte atractiva para la clase política de Puerto Rico, la cual usa la empresa como un tarro de galletas populista. La AEE tiene un historial de cobro desastroso y uno de los deudores más notorios es el propio gobierno. Un informe con fecha de noviembre 15 de 2014 de FTI Capital Advisors halló que la empresa tenía “más de US$200 millones en cuentas por cobrar de empresas públicas, de las cuales 70% tiene más de 120 días en mora”.

La AEE puede pagar a sus acreedores. Protegerla de la reestructuración y simplemente borrar a los bonistas no es ni justo ni lógico. Por Mary Anastasia O’Grady - lunes, 4 de mayo de 2015 WSJ

Puerto Rico evalúa disminuir la jornada laboral de los empleados públicos para reducir en al menos 1.600 millones de dólares su presupuesto para el próximo año fiscal.

El secretario de la Gobernación Víctor Suárez señaló que la reducción de la jornada de los empleados públicos -estimados en unos 89.000 en el gobierno central- se sumaría a otras medidas como recortes en los aportes a municipios y entidades sin fines de lucro, así "como grandes recortes" en todas las ramas del Estado, incluyendo la judicial y la legislativa.

Según Suárez, el gobierno deberá operar a partir de julio con un presupuesto de 8.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares menos que el presupuesto vigente.

"El Ejecutivo no está cerrado al diálogo, pero estamos trabajando con el escenario que tenemos", manifestó sin entrar en detalles sobre las reducciones al culminar una reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo para discutir la crisis fiscal que amenaza con un cierre del gobierno para principios de julio.

Jorge Colberg Toro, secretario de Asuntos Públicos del Ejecutivo, dijo que a la reducción de 1.600 millones de dólares hay que sumarle el esperado incremento en gastos de la deuda y de los sistemas de retiro y salud para el próximo año fiscal, lo que elevaría los recortes a 2.000 millones de dólares.

"Va a haber un impacto en todas las áreas", sostuvo Colberg Toro y precisó que las menos afectadas por los recortes serían la salud, la seguridad y la educación.

El jueves, en un mensaje sobre el estado del país, el gobernador Alejandro García Padilla reconoció que "Puerto Rico está ante una de las mayores crisis de índole fiscal y económica en toda nuestra historia moderna".

El gobernador pronunció su discurso horas después de que los legisladores rechazaran su propuesta de aplicar un impuesto al valor agregado de 16% luego de unas nueve horas de debate y semanas de negociaciones.

Puerto Rico atraviesa su octavo año de recesión, el gobierno soporta una pesada carga de 73.000 millones de dólares en deuda pública y a los inversionistas les preocupa que algunas de las agencias de la isla puedan irse a la bancarrota. El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico advirtió recientemente que el gobierno podría quedar paralizado si no se actúa.

El gobernador de Puerto Rico indicó el viernes que en breve presentará uno de los presupuestos más austeros en la historia de la isla y exhortó al gobierno del presidente Barack Obama y a la dividida legislatura local a que trabajen juntos para encontrar soluciones a la crisis fiscal del territorio estadounidense.

Alejandro García Padilla hizo su llamado poco después de que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico difundiera un informe en el que advertía sobre una posible moratoria en el pago de la deuda.

La institución crediticia señaló además que ella y el gobierno podrían quedarse sin dinero en el primer trimestre del año fiscal 2016 si no hay una captación pronta de nuevos ingresos fiscales.

La liquidez está constreñida considerablemente, se dijo en el informe.

Autoridades del banco indicaron también que el gobierno podría carecer de recursos suficientes para financiar programas y servicios públicos, así como para pagar sus deudas, a menos que prosiga con su plan de colocación de bonos o apruebe una medida alternativa a fin de aumentar la recaudación.

Puerto Rico tiene dificultades para captar nuevos ingresos fiscales en momentos en que su deuda pública alcanza 72.000 millones de dólares.

Recientemente los legisladores rechazaron una propuesta para que se aplicara un nuevo impuesto a pesar de las advertencias de García de que descartarla tendría consecuencias perjudiciales para la economía, que es cada vez más inestable.

Desde entonces, García ha dicho que, si es necesario, actuará de manera unilateral en el ámbito de sus atribuciones constitucionales ante los apuros de la isla a causa de la recesión económica en la que lleva casi una década inmersa.

"La presente crisis no fue creada de la noche a la mañana y no se puede resolver de un día para otro", afirmó el gobernador, al tiempo que exhortó al Congreso federal de Estados Unidos a que apruebe una medida que permita a Puerto Rico declararse en una bancarrota a nivel municipal que permita una reorganización.

No existe a nivel local ni federal alguna ley que permita a la isla declararse en bancarrota si lo necesita, en tanto que algunos inversionistas están cada vez más preocupados de que algunas agencias estatales pudieran tener una crisis de liquidez.

Un juez federal dijo en febrero en un fallo que sería inconstitucional alguna ley local que permita a las agencias públicas la reestructuración de sus deudas. El gobierno de García ha apelado la decisión.

Además de la iniciativa presupuestaria, el gobierno de García trabaja en un plan de ajuste fiscal de cinco años. El banco de fomento pronosticó que el gobierno cerrará el año fiscal con un déficit presupuestario de 191 millones de dólares debido a un faltante de ingresos por 651 millones.

Los poderes ejecutivo y legislativo de Puerto Rico discuten el martes una nueva propuesta de Impuesto al Valor Agregado para estabilizar y levantar la rezagada economía de la isla.

A pesar de la oposición expresada previamente por los legisladores, el gobernador Alejandro García Padilla presentó en la víspera una propuesta de IVA de 13,25% y recortes por 300 millones de dólares para el presupuesto del año fiscal que inicia el 1 de julio.

"Es un asunto serio y el tiempo se acaba... Llegamos al punto donde tenemos que resolver el problema", insistió en una rueda de prensa en la que se mostró abierto a otras alternativas con tal de atajar la insuficiencia proyectada de 1.583 millones de dólares para el próximo año fiscal.

"El 13,25 por ciento es solo una idea. Puede ser otra", añadió. Si se aprueba una tasa de IVA más baja, habría que incrementar los recortes, que amenazan con reducir la jornada laboral de empleados públicos y dejar inoperantes a organizaciones sin fines de lucro que realizan tareas vitales para el gobierno.

El ejecutivo se reunió la noche del lunes con los legisladores de su partido para asegurar que tiene su apoyo, pero faltaron a la reunión cuatro de los seis representantes que hace dos semanas lograron descarrilar un acuerdo para reducir su propuesta original de 16% a 14%.

García Padilla se mostró confiado en que una reunión que sostendrá el jueves con legisladores y otros funcionarios gubernamentales permitirá elaborar un proyecto de ley de consenso que pueda ser aprobado en ambos cuerpos legislativos.

Opinó que una vez se apruebe el IVA, tomaría menos de un año implantar todas sus fases.

El partido de García Padilla domina la Cámara y el Senado, pero ya varios legisladores han expresado su oposición a la tasa de 13,25 por entender que impacta negativamente a los ciudadanos.

Ante la posibilidad de que su nueva propuesta no pase el cedazo legislativo, manifestó que va a seguir presentando alternativas. "Ese es mi trabajo, no rendirme", acotó.

García Padilla también dijo que las autoridades esperaron demasiado tiempo para emitir cerca de 2.900 millones en bonos para ayudar a generar ingresos adicionales, lo que ahora depende de los esfuerzos para presentar un presupuesto equilibrado.

Aunque economistas y críticos han dicho que la economía de la isla no aguantaría un nuevo impuesto, el Ejecutivo insiste en que es necesario para evitar un posible cierre del gobierno a principios de julio.

El territorio estadounidense de 3,5 millones de habitantes ya va por su octavo año de recesión y lucha con una deuda pública de 72.000 millones de dólares y una tasa de desempleo de 11,8 por ciento, el más alto en comparación con cualquier estado de Estados Unidos.

Las aulas de la escuela primaria Francisco Oller, que alguna vez estuvieron abarrotadas con el bullicio de los estudiantes, hoy son usadas por pájaros que anidan allí. De los árboles se cuelan hojas y por sus pisos pululan pedazos de vidrios de tubos fluorescentes rotos y hoja sueltas de tareas escolares. Y sus paredes están llenas de grafitis.

Ubicada a las afueras de la ciudad de San Juan, la escuela cerró en 2012 y es una de más de 150 colegios que cerraron sus puertas como consecuencia de una crisis económica que ha hecho que cientos de miles de personas decidan buscar fortuna en Estados Unidos a lo largo de la última década.

Los cierres son producto de recortes presupuestarios y una merma en la matriculación de alumnos, lo que impacta a los habitantes de la isla y provoca que muchos niños cambien de escuela y agraven los problemas de las comunidades que han sido golpeadas por la recesión.

El gobierno dice que las cosas podrían empeorar. Advirtió hace pocos días que podría quedarse sin fondos para financiar sus gastos a comienzos de 2016 y que en los próximos cinco años podría tener que cerrar cerca de 600 de las 1.460 escuelas públicas que alguna vez tuvo para ahorrar unos 249 millones de dólares anuales. En la actualidad hay 1.387 escuelas en todo el país.

Esa tendencia "habla de cómo estamos perdiendo población, habla de cómo no somos eficientes en construir el futuro del país", dijo la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. "A mí me preocupa mucho que esto se traduzca en un aumento en la desesperación y la desconfianza que tiene el país en sí mismo, y que la gente piense que su única opción para adelantar y llevar adelante a su familia es irse del país".

La matriculación de estudiantes ha bajado un 41% en las últimas tres décadas y se espera que merme otro 22% en los próximos cinco años, según un informe del Boston Consulting Group, que firmó un millonario acuerdo con el gobierno para ayudar a reestructurar el sistema educativo de la isla. Buena parte de esta caída se debe a que los padres se marchan en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos, incluidos numerosos maestros que son reclutados por ser bilingües.

Entre las decenas de miles de personas que se fueron el año pasado figuró Devis González, quien se radicó con su familia en Orlando, Florida, donde encontró trabajo como camionero.

"La razón fue sencilla y rotunda: trabajo", expresó. "Como todo el mundo, buscábamos una mejor calidad de vida".

Su hijo iba a una escuela de una zona rural de las montañas del centro de Puerto Rico que según sus maestros será una de decenas de centros educativos que cerrarán permanentemente en los próximos meses, obligando a los niños de la zona a viajar media hora en autobús para ir a la escuela más cercana.

Nina Craig, bióloga de Ontario, Canadá, que vive en Arecibo, al norte de la isla, y cuyo hijo va a una escuela allí, dijo que el interior está quedándose sin muchos servicios.

"Creo que está mal cerrar escuelas solo porque disminuye la población", sostuvo Craig, quien es dueña de una granja en Arecibo, de donde es oriundo su marido. "No podemos mudarnos todos a la ciudad o viajar todos los días a la ciudad".

También las áreas urbanas han sufrido cierres de escuelas. La Francisco Oller, nombrada en homenaje a un pintor impresionista puertorriqueño fue cerrada en 2010, volvió a abrir sus puertas algunos meses de 2012 para recibir a los niños de otra escuela que estaba siendo remodelada, y luego fue clausurada definitivamente.

Los residentes de un barrio vecino de gente de ingresos modestos se quejan de que la escuela ha sido saqueada y que es usada por drogadictos, como sucede con otras escuelas que cerraron en todo el país.

Muchos critican la forma en que el gobierno manejó el cierre de las escuelas, incluida la senadora Mari Tere González, presidenta de la comisión de educación del Senado, quien dijo que no se tomaron en cuenta el transporte ni las necesidades de los niños que requieren educación especial. El Boston Consulting Group dijo que el 30% de los alumnos de Puerto Rico reciben educación especial.

"Haberlo hecho de esta forma es una cosa que tenemos que repudiar", dijo González. "Nuestro deber aquí es fiscalizar y velar que no se estén afectando los derechos a los estudiantes en cuanto a los servicios".

El secretario de Educación Rafael Román no respondió a solicitudes de entrevista. En el pasado ha dicho que el éxodo de casi 45.000 puertorriqueños al año y las bajas tasas de nacimiento de la isla hacen que las matriculaciones sigan disminuyendo. La población actual de la isla es de 3,5 millones de personas y hay casi 411.000 alumnos en las escuelas públicas. La oficina de Román no ha dicho qué escuelas van a ser cerradas en el futuro, causando malestar entre los padres y los funcionarios escolares, que dicen que la matriculación para el año escolar del 2015 cerró en marzo.

"Los padres estamos en una incertidumbre", expresó Rafael Feliciano, ex presidente del sindicato de maestros que lidera ahora una agrupación que lucha por evitar los cierres. "Todas estas medidas se están tomando a nuestras espaldas. Es una desgracia".

Mientras tanto, el gobierno ha puesto a la venta algunos edificios que albergaban escuelas. El aviso de la Francisco Oller dice que el edificio serviría para albergar negocios, consultorios médicos e incluso una nueva escuela.

Piden 1,8 millones de dólares, según funcionarios municipales.

Por ahora nadie ha expresado interés.

El gobernador de Puerto Rico llegó a un acuerdo con la mayoría de los legisladores de su partido para elevar el impuesto sobre las ventas y usarlo en este territorio de Estados Unidos en problemas financieros después que su plan de un impuesto al valor agregado se viniera abajo recientemente.

Después de salir la noche del jueves de una larga reunión con los legisladores, el gobernador Alejandro García Padilla dijo que presentará un proyecto de ley que aumentaría el impuesto del 7% al 11,5%.

Dijo que la iniciativa también incluye un nuevo impuesto del 4% a los servicios profesionales que no han sido definidos, aunque las autoridades dijeron que los servicios de salud y educación estarían exentos.

Si se aprueba, se espera que el proyecto genere 1.200 millones de dólares.

"Después de todos estos meses de debates... hemos llegado a este acuerdo", dijo García, quien agregó que aún prevé una transición a un impuesto al valor agregado en un futuro próximo.

El partido de García controla la legislatura de Puerto Rico, pero la cámara baja de la isla votó recientemente contra una iniciativa que habría puesto en marcha un impuesto al valor agregado del 14%, incluso seis legisladores del partido de García, que fueron amonestados por ello.

El representante Luis Vega Ramos fue uno de los seis, pero dijo el viernes que apoya la nueva propuesta. Agregó que los legisladores pronto debatirán otras medidas para ayudar a generar ingresos adicionales.

García dijo que el aumento propuesto le ayudará a presentar un presupuesto equilibrado en momentos en que el territorio de Estados Unidos lucha con una deuda pública de 72.000 millones dólares, en medio de una recesión de ocho años. Su gobierno también planea recortes de hasta 600 millones de dólares para el próximo año fiscal.