Hilo del fraude fiscal

Tizo

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Luxemburgo, una de las naciones más acaudaladas del mundo, se volvió blanco de fuertes críticas el jueves luego que documentos filtrados al parecer revelasen la magnitud a que ha atraído a empresas trasnacionales y multimillonarios con ventajosas exenciones de impuestos, privando a otros países de valiosos ingresos fiscales.

El gobierno se defendió diciendo que no había hecho nada ilegal en sus tratos con corporaciones como IKEA y Pepsi. Pero otras naciones europeas, incluyendo la vecina Francia, criticaron las prácticas tributarias del diminuto país, particularmente cuando ellos tienen que imponer recortes de austeridad a sus ciudadanos para lidiar con problemas financieros.

"La `optimización' de impuestos - compañías que encuentran soluciones legales para no pagar impuestos o pagar muy pocos- no es aceptable ya para ningún país", dijo el ministro francés de Finanzas Michel Sapin. "Quiero que en unos pocos años no tengamos que volver a hablar de algo así".

Los otros vecinos de Luxemburgo, Bélgica y Alemania, además de Holanda, criticaron también la práctica, que acaparó la atención el jueves luego que un grupo de reporteros investigadores presentase documentos que presuntamente muestran que numerosas multinacionales han conseguido esos acuerdos ventajosos.

La práctica puede incluir ofrecer bajos impuestos corporativos a compañías que tienen sus sedes europeas en Luxemburgo, una nación de 520.000 habitantes que, a no ser por eso, no tiene una economía grande.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo haber revisado unas 28.000 páginas de documentos confidenciales y que unas 340 firmas podrían estar relacionadas con el trato fiscal especial del país.

Pero Luxemburgo no es el único que busca agresivamente atraer a compañías. Irlanda y la propia Holanda están siendo investigadas por la Unión Europea por sus políticas tributarias. El asunto ha cobrado mayor importancia en momentos en que la crisis financiera ha obligado a los gobiernos del bloque a buscar formas de sanar sus finanzas - y la tolerancia por esas prácticas se ha desvanecido.

El ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, insistió en que su país no había volado la ley. "Lo que ha sucedido aquí es totalmente legal", dijo.

Añadió que Luxemburgo iba a cooperar con otros para asegurarse de que los estándares de impuestos sean coordinados mejor a nivel global lo más pronto posible. "En cuando las reglas cambien globalmente, es evidente que Luxemburgo las aplicará de inmediato", dijo.
 

droblo

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El banco holandés ING ha pagado 775 millones de euros (897 millones de dólares) para resolver un caso de lavado de dinero en el país, dijo la procuraduría el martes.

El servicio fiscal financiero dijo en un comunicado que durante años ING no acató una ley que previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al no realizar debidamente la averiguación de antecedentes de sus clientes ni investigar a fondo las transacciones sospechosas.

El banco “no impidió que se usaran cuentas de clientes del ING en Holanda para lavar cientos de millones de euros entre 2010 y 2916”, añadió.

El director general del ING, Ralph Hamers, reconoció que el banco no hizo lo suficiente para prevenir el lavado de dinero.

“Como banco, tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplen con los estándares más elevados, sobre todo para impedir que los criminales hagan mal uso del sistema financiero”, dijo Hamers en un comunicado. “No cumplir con esos estándares es inaceptable y el ING asume su plena responsabilidad”.

El arreglo incluyó una multa de 675 millones de euros (781 millones de dólares) y una restitución de 100 millones de euros (116 millones de dólares) al gobierno holandés que representa la suma que ING no gastó en personal y procedimientos para aplicar las normas antilavado.
 

droblo

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El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación penal sobre el flujo de dinero sucio a través de la sucursal en Estonia del principal banco de Dinamarca, informó la propia institución el jueves.

Danske Bank dijo que está “en diálogo” con el Departamento de Justicia en Washington, que solicitó información después que un informe interno del banco describió una enorme operación de lavado de dinero a través de su sucursal, la que según trascendidos podría estar vinculada con familiares del presidente ruso Vladimir Putin.

El gerente general interino de Danske, Jesper Nielsen, dijo que “aún no se pueden hacer conjeturas sobre el desenlace de las investigaciones”.

Los resultados de la investigación interna del Danske Bank, publicados el mes pasado, indican que unos 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) que pasaron por las cuentas del banco entre 2007 y 2015 eran sospechosos. Su gerente general renunció.

El regulador danés del mercado financiero reabrió una investigación y los fiscales iniciaron procedimientos penales.

El banco dijo también el jueves que los reguladores le han ordenado reevaluar sus finanzas y asegurarse de que tiene capital suficiente para cubrir posibles multas o pérdidas relacionadas con el escándalo.

La Autoridad Supervisora Financiera le dijo que debe tener una solvencia de al menos 10.000 millones de coronas danesas (1.550 millones de dólares), según el banco.

Como precaución, Danske Bank interrumpió un programa de recompra de acciones a partir del jueves. La recompra por un total de 10.000 millones de coronas, con un máximo de 85 millones de acciones, debía finalizar el 1 de febrero.
 

droblo

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La Comisión Europea investiga un plan fiscal que Bélgica aplicó con 39 compañías multinacionales, informaron autoridades comunitarias el lunes.

Las investigaciones tienen el objetivo de analizar si los fallos belgas emitidos entre 2005 y 2014 ofrecieron una ventaja injusta a las compañías al permitirles pagar menos impuestos, informó lunes la comisión. Entre las compañías están Anheuser-Busch Inbev y British American Tobacco.

La comisaria de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, dijo: “Estamos preocupados de que el sistema fiscal de ‘exceso de ganancias’ belga proporcionara fuertes reducciones impositivas sólo a ciertas compañías multinacionales que no estarían disponibles a empresas en una situación comparable”.

Hace tiempo, el Tribunal de Justicia de la UE falló que la comisión no demostró la existencia de un esquema ilegal en Bélgica, así que la CE abrió una pesquisa independiente como una forma de abordar el tema.
 

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TristanSM

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El fraude impositivo es muy serio. Ahora este paí puede perder muchos de sus privilegios y su imagen que es muy importante para Luxemburgo
 

eusiz

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A mi parecer las estafas y la corrupción existe en 99% de los países. Por eso no hay nada sorprendente en la situación que pasó en Luxemburgo
 

droblo

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La Unión Europea ha incluido cuatro países y jurisdicciones en su lista negra de paraísos fiscales, entre ellas el territorio británico de ultramar de las islas Caimán.

Los ministros de hacienda de la UE también agregaron Palau, Panamá y las Seychelles a la lista de jurisdicciones que no han aplicado las reformas impositivas acordes con los estándares del bloque.

La UE creó el sistema para sancionar a las jurisdicciones que consideran culpables de ofrecer planes de evasión de impuestos. La lista original incluía a Samoa Americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Estadounidenses y Vanuatu.

El agregado de las islas Caimán llamó la atención porque Gran Bretaña salió de la UE a fin del mes pasado.

El legislador demócrata cristiano europeo Markus Ferber dijo que la decisión debe servir de advertencia a Gran Bretaña cuando busca su posición en la economía global como país fuera de la UE.

“El Reino Unido haría bien en advertir que los ministros de hacienda de la UE incluyeron un Territorio Británico de Ultramar en la lista negra de paraísos fiscales. Ésta es una señal clara de que la idea de convertir el Reino Unido en un paraíso fiscal no será aceptable para la UE”, dijo Ferber.

La inclusión en la lista negra afecta los fondos de la UE que puede recibir una nación, pero la vergüenza pública es igualmente importante, dijo Valdis Dombrovskis, miembro de la Comisión de la UE.

“Hay consecuencias para la reputación porque caer en la lista negra de la UE es una clara señal de que hay problemas de gobernanza impositiva”, dijo Dombrovskis.
 

droblo

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Poco más de 14.000 millones de euros. Ni los 38.500 millones que aseguraba Podemos que arrancaría de los defraudadores en su programa electoral, ni mucho menos los 59.000 millones de recaudación potencial que el sindicato Gestha asegura que se pierden todos los años por el volumen de la economía sumergida en España. Embarcado en una pelea por desvincular el éxito de la lucha contra el fraude de sus resultados económicos anuales y por dimensionar adecuadamente sus tareas, el nuevo equipo de la Agencia Tributaria al mando de Jesús Gascón ha deslizado dentro de su Plan Estratégico para el periodo 2020-2023 un contundente desmentido a todas esas proyecciones difundidas durante los últimos años desde tribunas políticas y sindicales que otorgaban a la lucha contra el fraude un potencial recaudatorio capaz de resolver de un plumazo el problema del déficit en España o de garantizar la financiación necesaria para soportar casi cualquier gasto en que se quisiera incurrir.


La Agencia Tributaria sostiene que una aproximación más cauta y rigurosa al asunto permite estimar que aún en el caso de lograra erradicar por completo la economía sumergida los ingresos que se podrían obtener apenas superarían esa cifra de 14.000 millones de euros, muy lejos de las optimistas estimaciones que se trasladan desde otros ámbitos. Al menos en el ámbito de sus competencias, que alcanzan al 50% de los ingresos tributarios totales del país. El potencial recaudatorio conjunto podría rondar los 28.000 millones, si bien es conocido que la eficacia de la lucha contra el fraude en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales está bien lejos de la Agencia Tributaria, que pasa por ser uno de los órganos tributarios más eficientes del mundo.

El capítulo de 'Seguimiento del control del cumplimiento voluntario y medición del fraude fiscal' del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para la próxima legislatura, que desde su título muestra el valor prioritario que el equipo de Jesús Gascón otorga a las estrategias de cumplimiento voluntario frente a las de castigo al defraudador, es una enmienda a la totalidad a los 'falsos mitos' instaurados respecto al tamaño de la economía sumergida y su supuesta capacidad para resolver los problemas de recaudación del sistema fiscal español.

El plan de la Agencia Tributaria empieza por desacreditar los estudios que sitúan entre el 20% y 25% el tamaño de la economía ilegal en España. "Existe una alta percepción de la existencia de fraude, cabe plantearse si tal percepción concuerda con la realidad", señala el documento, que poco después da respuesta a esa pregunta. "Cuando algún organismo internacional decide publicar alguno de estos estudios y se introducen las debidas cautelas y ajustes metodológicos para evitar duplicidades y sobreestimaciones los resultados se moderan significativamente". A este respecto, la Agencia recuerda que el mismo profesor Schneider que aproximó al 25% del PIB el peso de la economía sumergida en España en el informe que todo el mundo cita como referencia para hablar del asunto, recortó esa estimación de forma drástica hasta el 11,2% del PIB cuando hizo ese mismo estudio bajo los filtros del FMI.

No toda la economía sumergida genera ingresos

El organismo presidido por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y dirigido por Jesús Gascón recuerda asimismo que aunque es habitual que los ingresos potenciales que se podrían obtener de la lucha contra ese fenómeno se calculen sobre el conjunto de la economía sumergida lo cierto es que buena parte de la misma está fuera del ámbito de actuación de la administración tributaria. De hecho, asumen que solo el 60% de la economía ilegal es susceptible de someterse a tributación, una vez descontados del volumen total aquellas "actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, actividades de subsistencia difícilmente viables si se regularizaran, ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales e incluso los impuestos que se pagan incluso desarrollándose actividades ocultas, como por ejemplo el IBI". Un ajuste que dejaría el volumen de economía ilegal susceptible de someterse a tributación en el 6,7% del PIB.

Por mucho que se exprimieran esos alrededor de 70.000 millones de euros de economía sumergida que la Agencia Tributaria acepta como un cálculo razonable de la actividad económica oculta susceptible de pagar impuestos, la aplicación del tipo medio impositivo en España, del 35,2%, dejaría el potencial de ingresos de una actuación impecable de todas las administraciones tributarias en 28.000 millones de euros y en el caso de la Agencia Tributaria, en los 14.000 millones antes mencionados.

El actual director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha sido un habitual crítico de las estimaciones mastodónticas sobre la economía sumergida en España y un defensor del establecimiento de un sistema de medición más razonable, hasta el punto de que se implicó en un proyecto encabezado en su día por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado para promover un informe de mayor rigor científico sobre el volumen de la economía ilegal en España que nunca llegó a ver la luz.
 

droblo

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La Unión Europea presentó el jueves un plan para mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de grupos extremistas, con miras a crear una entidad que vele por el cumplimiento de las normas las 27 naciones del bloque.

La propuesta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, incluye la creación de un cargo facultado para investigar y con la tarea de hacer más eficaces las gestiones en contra el flujo de dinero sucio.

A fin de lograr “estándares de alta calidad” en toda la UE, será crucial que la nueva entidad tenga la autoridad de realizar inspecciones locales, anunció la comisión.

“La supervisión a lo interno de la UE actualmente depende de cada estado miembro. Su eficacia es dispar debido a la disparidad en cuanto a recursos humanos y financieros, aptitudes y la prioridad que se le da a este objetivo”, dice el documento. La comisión avisó que espera poder implementar el plan en los próximos 12 meses.

La propuesta surge una semana después de que la agencia policial de la UE anunció que la crisis del coronavirus presionará al sistema financiero y bancario ya que los grupos de crimen organizado intentarán aprovecharse de la volatilidad imperante.

Han surgido varios escándalos de lavado de dinero en la UE en años recientes, incluyendo uno de 200.000 millones de euros (220.000 millones de dólares) relacionado con el Danske Bank de Dinamarca. El escándalo involucró dinero malhabido transferido de Rusia y antiguas repúblicas soviéticas a cuentas de la sucursal del banco en Estonia entre el 2007 y el 2015.

El año pasado, la Comisión Europea identificó varias fallas en la estrategia de la UE de combate al lavado de dinero y al financiamiento de grupos extremistas. Legisladores comunitarios y líderes de estados miembro pidieron propuestas para fortalecer las normas y la coordinación.

“Tenemos que ponerle fin a la entrada del dinero sucio a nuestro sistema financiero”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. “No debe haber debilidades en nuestras normas ni en su implementación”.
 
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