La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) no ha supervisado ni ha manejado adecuadamente las operaciones encubiertas contra el lavado de dinero, que mueven decenas de millones de dólares al año a través de una red de fachadas autorizadas por el gobierno, de acuerdo con un informe de auditoría.
Las conclusiones del inspector general publicadas en un informe el martes se suman a los temores sobre la posibilidad de fraude y abuso de la importante herramienta para combatir el delito que salieron a la luz durante la presentación de cargos contra el exagente José Irizarry por asociación ilícita con el cartel colombiano al que debía combatir.
Si bien el informe no menciona los presuntos crímenes de Irizarry, las críticas a las operaciones clandestinas en las que participó se remontan a años atrás. Hace casi una década, el entonces legislador Darrell Issa, presidente de la Comisión Supervisora de la cámara baja, acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos de “ayuda e instigación a los carteles” y calificó las operaciones de “estrategia de alto riesgo con escasas pruebas de éxito”.
El nuevo informe indica que persisten una serie de deficiencias, entre ellas la escasa supervisión por el Departamento de Justicia de lo que se suponen son operaciones clandestinas rigurosamente vigiladas, la falta de registros para evaluar los resultados y el escaso control de las fuentes confidenciales que trabajan para los carteles. La auditoría también culpó a la DEA por no presentar informes anuales al Congreso acerca de las operaciones clandestinas: el último informe, dijo, fue en 2006.
“Hay escasa supervisión legislativa del uso por la DEA de esta técnica de investigación que requiere el uso de ciertas actividades ilegales clandestinas autorizadas y los beneficios que aporta al contribuyente estadounidense”, dice el informe.
Desde hace décadas, las llamadas operaciones eximidas por el secretario de Justicia requieren la aprobación de los más altos niveles de ese departamento. A través de ellas, la DEA se convierte en parte activa de operaciones de lavado de dinero con el fin de atrapar a jefes del narcotráfico. Los agentes siguen la trayectoria de los fondos mediante negocios fachada, la compra de propiedades y el depósito de fondos en bancos para facilitar las transacciones en nombre de las organizaciones del narcotráfico.
Se desconoce la magnitud de la participación de la DEA en los movimientos de dinero sucio, pero se cree que es apenas una pequeña fracción de los 64.000 millones de dólares anuales del tráfico de drogas en Estados Unidos. Están borrados en el informe de 72 páginas los montos y envergadura de las transacciones financieras realizadas por las operaciones clandestinas.
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Por su parte, la DEA dice que las 16 operaciones auditadas por el inspector general —el 31% de las realizadas durante el período que abarca la auditoría— contribuyeron a incautar 1.400 millones de dólares en efectivo y bienes, 83 toneladas de cocaína, 782 kilos de heroína o fentanilo y más de 1.400 arrestos en el país y el exterior.
La DEA estuvo de acuerdo con las 15 recomendaciones del inspector general y dijo que ya ha actualizado sus políticas dos veces desde el período de la auditoría —los años fiscales 2015 a 2017—para abordar las preocupaciones develadas por el informe y mejorar la supervisión de las operaciones de lavado de dinero. También ha añadido conferencias anuales de formación para los investigadores que participan en el programa.
“Se han hecho avances significativos en los últimos años y ese esfuerzo continúa hoy en día”, dijo la DEA.
Bonnie Klapper, un exfiscal federal en Nueva York, dijo que la crítica del inspector general no fue lo suficientemente lejos y que no abordó “una miríada de abusos” dentro de las operaciones encubiertas de lavado de dinero.
“El principal de esos abusos es continuar lavando grandes sumas de dinero sin presentar casos”, dijo Klapper a The Associated Press.
Al entregar el informe el martes, el inspector general Michael Horowitz reconoció el potencial de abuso.
“Los riesgos asociados con las operaciones encubiertas contra el lavado de dinero son importantes y, por lo tanto, el cumplimiento de las políticas del departamento y los requisitos legales son críticos”, dijo Horowitz.
