Se tratan de entidades que comenzaron a desarrollarse desde principios del siglo XX y han llegado a tener un desempeño de relevancia particular en el funcionamiento de las finanzas internacionales, en tanto sus decisiones influyen en las posibilidades y los costes de financiación de las empresas y de los gobiernos.
Las más conocidas son las estadounidenses Moody’s y Standard and Poor’s y la europea Fitch.
La probabilidad de obtener un crédito y su costo, están en relación directa con su nivel de riesgo. Consecuentemente, el análisis de este último constituye un punto cardinal en el proceso de toma de decisiones y resulta determinante en cualquier gestión que se emprenda con ese objetivo.
Los inversores institucionales tienen sus propios analistas, pero de cara a sus accionistas y a quienes les proveen los recursos necesarios para su actividad, les resulta mucho más conveniente y seguro contar con el dictamen de una entidad independiente de calificación de riesgo, lo cual constituye un recurso legal y práctico que contribuye a eludir cualquier responsabilidad que se les pretenda imputar, ante un eventual incumplimiento en el reembolso de los fondos que se invierta en un activo financiero determinado.
Las Calificadoras de Riesgo evalúan tanto bonos de entidades privadas como los que son emitidos por los gobiernos para financiar su presupuesto fiscal. La calificación que otorguen las Calificadoras de Riesgo puede ir desde AAA (de la más alta calidad) hasta C o D “altamente especulativo” (también denominados bonos chatarra) pasando por otros niveles como “calidad media superior” o “calidad media inferior”, etcétera.
Existe la paradoja de que estas organizaciones no asumen responsabilidad por su calificación pero tienen un monopolio virtual que ha sido aprobado oficialmente por la legislación estadounidense y los Acuerdos de Basilea. Se les critica porque son organizaciones cuyo objetivo es obtener ganancias, y que sus honorarios los paga la entidad que emite el instrumento de deuda, de manera que tienen un incentivo para otorgar altos niveles de calificación.
Como un ejemplo del alcance y las complejidades de la actividad de las Agencias Calificadoras de Riesgos, puede mencionarse su participación en el proceso que generó la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, la cual ha sido criticada muy duramente por haber dado las calificaciones más altas a operaciones con prestatarios que evidentemente no tenían la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Esto ha dado origen a distintas propuestas sobre la necesidad de profundizar en el desempeño de estas organizaciones dentro del Sistema Financiero Internacional.
En cualquier caso, no hay dudas de que dentro del sistema capitalista global actual, las Agencias Calificadoras de Riesgo son una pieza clave en el análisis de la evolución del crédito y su comportamiento. No es que estas puedan determinar el curso de la actividad crediticia que obedece a razones complejas y está condicionada por motivos de carácter estructural del sistema; sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que con sus decisiones pueden hacer menos o más pronunciada una tendencia y crear serias e inesperadas complicaciones a entidades y gobiernos que se encuentren en situaciones financieras difíciles, que involucren riesgos sistémicos, agregando nuevos elementos de complejidad en el funcionamiento del Sistema Financiero Internacional.