El Techo de la Gran Deuda se refiere a una restricción presupuestaria y financiera estadounidense que la nación se autoimpuso a partir de 1917. El Congreso impone este límite para la cantidad máxima de deuda que el gobierno federal puede tener en cualquier momento. El 2 de noviembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos suspendió el techo de la deuda con la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2015. El techo se mantuvo suspendido hasta el 15 de marzo de 2017, después de las elecciones presidenciales. Lo hicieron deliberadamente para dar tiempo al nuevo presidente (Trump) y a su Congreso (republicano) a establecerse antes de tener que abordar la continua crisis de la deuda de Estados Unidos.
El techo de deuda anterior era de la friolera de 18,113 billones de dólares. Debido a que el país estaba a punto de sobrepasar este nivel el 15 de marzo de 2015, el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, ordenó suspender la emisión de deuda de EE.UU. Comenzó a tomar lo que los analistas llaman “medidas extraordinarias” para evitar que la deuda superara el límite creado artificialmente. Para ello, dejó de pagar al personal del gobierno federal, así como las aportaciones a los fondos de jubilación de los empleados de la Oficina de Correos de Estados Unidos. También comenzó a vender las inversiones que tenían estos fondos.
El límite de la deuda también cubre una cantidad significativa de deuda que el gobierno federal debe reembolsar por sí mismo. Esto incluye el enorme acreedor que es el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social. El dinero que se debe a todo el mundo fuera del gobierno de los Estados Unidos lo llaman la deuda pública americana. Esta cantidad representa aproximadamente el 70 por ciento del total de la deuda federal. En realidad, fue la Segunda Ley de Bonos de Libertad de 1917 la primera en la que el Congreso estableció el techo de deuda inicial. Esta ley permitió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vender bonos de la libertad para pagar los entonces enormes costes de la participación militar de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Con esta medida, el Congreso se hizo con el control del gasto público total por primera vez en la historia de Estados Unidos. Hasta ese momento, el Congreso sólo había tenido autoridad para aprobar deudas particulares, como los pagarés a corto plazo o para el Canal de Panamá.
En 1974, el Congreso encontró la forma de obtener un control absoluto sobre el proceso presupuestario y el gasto efectivo en Estados Unidos. A esta nueva ley la llamaron Ley de Control Presupuestario de 1974. Este nuevo procedimiento para el presupuesto preveía que el Congreso trabajara en estrecha colaboración con el Presidente de los Estados Unidos para acordar qué cantidad de dinero gastaría realmente el gobierno del país. Todo esto hizo que el techo de la deuda fuera irrelevante, ya que lo único que hace es permitir que el gobierno federal pida prestados los fondos necesarios para pagar el gasto que previamente aprobó de todos modos.
La razón por la que este techo de la deuda sigue siendo importante es porque el Congreso limita intencionadamente la cantidad de dinero que el Tesoro de EE.UU. puede pedir prestado efectivamente con él. Si no aumentan continuamente este límite impuesto artificialmente, entonces Estados Unidos incumplirá sus obligaciones de deuda pendientes. En general, el Congreso no ha experimentado ningún remordimiento por elevarlo. Lo han elevado unas diez veces en la última década, de las cuales cuatro se produjeron sólo en 2008 y 2009.
Este techo de la deuda se convierte en una crisis en el caso de que tanto el Congreso como el presidente estadounidense sean incapaces de llegar a un acuerdo sobre la política fiscal del país. Esto ha ocurrido con una frecuencia alarmantemente creciente en las últimas décadas. Fue un problema en 1985, 1995/1996, 2002, 2003, 2011, 2013 y 2015. El techo y el gasto público asociado se convierten en un problema cuando la relación entre la deuda y el PIB es excesivamente alta.
El Fondo Monetario Internacional afirma que el nivel máximo de seguridad para las naciones desarrolladas es del 77%. A partir de este punto, los titulares de la deuda pública sienten una preocupación justificada de que la nación sea incapaz de crear ingresos suficientes para pagar el total de la deuda.
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