La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado “los atropellos” que está sufriendo los propietarios de viviendas a través de las “nuevas modalidades recaudatorias” que las autoridades públicas utilizan para imponer nuevas cargas a los particulares, como el certificado energético y el férreo control a los arrendamientos de verano.
En un comunicado, la asociación critica que bajo la etiqueta de “protección al consumidor” se dictan una serie de normas que en la práctica sólo tienen por efecto “sangrar al protegido y a alimentar las arcas públicas y espurios intereses corporativistas.
Así, subraya que un ejemplo de esta forma de recaudar es la es la nueva exigencia de obtención de un certificado energético para poder vender o alquilar un inmueble, a través de la que muchos profesionales y empresas “esperan sacar tajada de esta nueva imposición legal”.
De esta manera, la OCU estima que hay que “ir al fondo del asunto”, y pone en duda que mejorar la eficiencia energética “sea la verdadera razón”, y considera que existen otras alternativas “menos onerosas para el consumidor” como realizar un control real en la fase de construcción o instaurar un plan eficaz de ayudas a la renovación de instalaciones y ventanas.
En el caso del control a los alquileres de verano, la asociación cree que “lo realmente ofensivo” es que todo esto se presenta
bajo la excusa de que estos propietarios hacen competencia desleal al sector hotelero, o de que rebajan la calidad de la oferta turística de nuestras ciudades, cuando se trata de “un nuevo ataque a la línea de flotación” de las economías domésticas “que no pueden vender sus casas en un mercado inmobiliario muerto y que ven como única alternativa alquilar su propiedad”.
