La tasa de desempleo de España no bajará de la barrera del 26% hasta 2018, cuando
el paro se situará en el 25,3%, según reflejan las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que empeoran sensiblemente sus proyecciones del pasado mes de abril para el mercado laboral español.
En concreto, la institución dirigida por Christine Lagarde prevé que España cierre 2013 con una tasa de desempleo del 27,2%, dos décimas más de lo previsto anteriormente, que pasaría a situarse en el 27% en 2014 (26,5% en abril) y en el 26,9% en 2015 (25,6%).
Las proyecciones del FMI contemplan en los dos años siguientes una leve mejora en el ritmo de reducción del desempleo, insuficiente, sin embargo, para llevar la tasa por debajo del 26%, puesto que en 2016 se situaría en el 26,6% (24,7% previsto en abril) y en el 26% en 2017 (23,8%).
Ante un nivel de paro “inaceptablemente elevado”, el directorio del FMI subraya en su análisis de la economía española la necesidad de que se tomen “nuevas medidas decisivas para generar crecimiento y empleo” tanto a nivel nacional como en Europa.
En este sentido, los directores de la institución celebraron la reforma del mercado de trabajo acometida por el Gobierno en 2012, “que parece estar dando fruto poco a poco”.
Sin embargo, recalcaron que se necesita mejorar aún más la dinámica del mercado de trabajo para reducir en forma suficiente el desempleo, entre otras cosas “aumentando la flexibilidad interna, reduciendo la dualidad del mercado laboral, y mejorando las políticas laborales activas”.
“Muchos opinaron en general que sería beneficioso estudiar la posibilidad de un acuerdo social entre los sindicatos y los empleadores para acelerar los beneficios derivados de las reformas estructurales en materia de empleo, pero al mismo tiempo señalaron que sería difícil de lograr”, indica la institución.
El FMI cree que sería beneficioso para España un pacto social en el que los empresarios se comprometan a aumentos de la contratación a cambio de recortes salariales que podrían ser hasta del 10%.
Esas medidas deberían ir acompañadas de una reducción de las contribuciones de las empresas a la seguridad social y de un aumento del IVA dos años después de los recortes salariales.
