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   El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para acabar con el déficit de tarifa y recuadar 2.734 millones de euros netos en 2013, en el que se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.

   Las medidas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la reducción del número de consumidores con derecho a tarifa regulada, anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes.

   Soria ha cifrado la cuantía total de los ajustes para 2013 en 5.250 millones brutos, si bien ha especificado que de esta cantidad se deben restar 450 millones de euros de ingresos procedentes de ventas de derechos de CO2 y 2.066 millones del coste financiero de la deuda eléctrica, que asumirá a partir de ahora el Tesoro.

   El Gobierno ya ha adoptado medidas para lograr que en 2012 el déficit de tarifa no supere el tope legal de 1.500 millones de euros, y ahora aprueba nuevas medidas para que en 2013 el sistema eléctrico deje de ser deficitario, explicó el ministro.

   El nuevo gravamen nuclear tiene dos partes, que son un impuesto a la producción de residuos de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado para ingresar 269 millones anuales entre 2013, 2014 y 2015, así como un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.

   En el caso del canon hidráulico, el valor económico de la nueva figura, que detraerá a los productores el 22% del valor económico de la actividad, es de 304 millones anuales entre 2013 y 2015, de modo que las nuevas imposiciones para nuclear e hidráulica ascienden a 574 millones.

   Además, el Gobierno crea ‘céntimos verdes’ para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros).

   El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, se aplicará a todas las tecnologías, renovables incluidas, y permitirá ingresar 571,7 millones.

RENOVABLES.

   Como particularidad, las energías renovables que utilicen combustible fósil para su actividad no recibirán primas por la parte de producción correspondiente al hidrocarburo, si bien la biomasa quedará fuera de este recorte por su contribución social.

   En el caso de la termosolar, en la que el 85% de la producción procede del sol, pero un 15% del gas, la privación de primas sobre este segundo porcentaje tiene un valor de entre 50 y 60 millones de euros.

   Al ser preguntado acerca de las diferencias de criterio entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda acerca de la reforma, Soria aseguró que “lo que prevalece es la posición colegiada del Gobierno” y explicó que en el proceso se estudiaron distintas opciones también dentro de su departamento, entre ellas la de recortar directamente las primas a las renovables sobre la base de las sentencias del Tribunal Supremo o aplicar diferentes impuestos a la generación en función de la tecnología.

RECIBO DE LUZ.

   Sobre la liberalización de la tarifa, indicó que el Gobierno está estudiando rebajar “a la mitad o menos” el actual umbral por debajo del cual los consumidores tienen derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, situado en la actualidad en 10 kilovatios (kW). “El objetivo es que las variaciones en el precio de la luz no tengan nada que ver con un acto discrecional del Gobierno”, señaló.

   El ministro se mostró confiado en que las eléctricas no repercutirán los nuevos impuestos sobre el consumidor final y consideró que el esfuerzo para acabar con el déficit de tarifa “tiene una distribución bastante equitativa” en la que participan empresas, consumidores y la Administración.

“DIFÍCIL Y NECESARIA”.

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó la reforma eléctrica de “difícil” y “necesaria”, ya que, de no aplicarse, habría dado origen a un aumento de la deuda de los consumidores con el sector de 5.000 millones de euros al año.

   Al diseñar la norma, afirmó, el Gobierno se ha puesto el “objetivo de no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico”, lo que, de haberse hecho, “habría supuesto una subida del recibo del 43% de media”.

   “La reforma del sistema eléctrico es una de las reformas más necesarias, ya que el agujero de deuda de anteriores ejecutivos asciende a 24.000 millones de euros, y si no se frenaba cada año podría incrementarse en más de 5.000 millones”, añadió Sáenz de Santamaría.