Comprar vivienda en una subasta: qué son las subastas

Para el común de los usuarios el acceso a la compra de una vivienda tiene caminos establecidos muy definidos; comprar viviendas a través del mercado de compra-venta de particulares, acceder a la oferta del sector inmobiliario a través de las agencias inmobiliarias, o, más recientemente, acudir a la oferta de viviendas que las propias entidades financieras realizan merced al parque de inmuebles inmovilizados que poseen.

Sin embargo la actual situación de crisis está potenciando sin duda la aparición con mayor relevancia de otras opciones ya existentes anteriormente pero a las que tal vez no se prestaba la misma atención que a los citados canales habituales; una de estas opciones es la de las subastas de viviendas.

Para poder situar de manera correcta la importancia que las subastas públicas de inmuebles han alcanzado nuestro país debemos partir de un punto de arranque muy concreto; desde el comienzo de la crisis hasta el inicio de este año 2013 nuestro país ha visto la realización de cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias, que en una mayoría (desafortunadamente) abrumadora han concluido en desahucios, debemos tener en cuenta entonces que una parte importante de sus desahucios concluyen con las viviendas inmersas en proceso de ejecución sacadas a subasta pública.

Existen varios modelos de subastas públicas de vivienda, sin embargo todas tienen un mismo fin; poner a la venta una vivienda en un proceso en el que a partir de un precio de salida determinado los usuarios podrán pujar y la mayor puja será la que pueda hacerse con la vivienda en subasta.

Si tomamos como ejemplo las subastas judiciales (otras opciones son las notariales que se celebran en notarías o las administrativas que se celebra en las propias oficinas de la agencia tributaria) veremos cómo en estas subastas se ponen como objeto inmuebles embargados para el pago a los acreedores del deudor, debemos tener en cuenta que estos inmuebles puede llegar a la situación de embargo no sólo por las administraciones sino también por acreedores particulares o entidades financieras, así como tener un origen en ventas de patrimonio de la propia administración, decomisos, o quiebras voluntarias de empresas