Ecuador pide que el Estado ayude a los afectados por las hipotecas

Los problemas que tienen algunos ciudadanos ecuatorianos residentes en España para hacerse cargo de sus deudas hipotecarias preocupan en su país de origen, donde se considera que es el Estado el que debería ocuparse e intervenir en una situación que es calificada de problema público y no de cuestión entre particulares.

Estas declaraciones emanan del Defensor del Pueblo ecuatoriano, Ramiro Rivadeneira, que se encuentra de visita en nuestro país para suscribir un convenio con el Colegio de Abogados por el cual se preste asesoramiento a los ciudadanos ecuatorianos que estén pasando dificultades para cumplir con los pagos de sus hipotecas, en la actualidad aproximadamente unos 15.000.

Para Rivadeneira, cuando se trata de cientos de miles de personas afectadas, no cabe hablar de tema entre particulares, sino que es preciso que el Estado actúe implantando medidas que protejan a los ciudadanos, tanto españoles como foráneos, de posibles desahucios, ya que, mientras el Gobierno no desarrolle políticas justas, apenas algunos casos terminarán con un final feliz, pero el problema no se resolverá, según Rivadeneira, que alabó el papel de las plataformas de afectados por las hipotecas.

El Defensor recordó también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en 2012 que la legislación española no protege suficientemente a los ciudadanos ante las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, y en este sentido, Rivadeneira afirmó también que su Defensoría se ha visto obligada a atender a muchas personas debido a que el plazo jurídico para reclamar las hipotecas era de solo un mes, por lo que un gran número de ciudadanos no presentó denuncia a tiempo. Además, recordó el caso de Luis Solórzano, que la Defensoría llevó ante el Tribunal de Estrasburgo, y para el que de momento no hay resolución.

Por todo esto, Ecuador está muy interesado en la firma de este convenio con el Colegio de Abogados, ya que por el momento la Defensoría ha asesorado a 12.000 ciudadanos de esta nacionalidad, entre los que se cuentan 100 casos en los que se ha logrado la dación en pago.