El desahucio: un problema social

Hemos recogido en muchas ocasiones, dentro de un panorama ciertamente desolador del sector de la vivienda en nuestro país, el autentico drama que vienen a suponer los desahucios, que, pesar de los movimientos registrados durante fundamentalmente los dos últimos años continúa siendo un problema social de relevancia.

Y una muestra más de lo que viene a significar el hecho de que decenas de miles de ciudadanos se hayan visto obligados a abandonar sus viviendas tras los procesos de ejecución hipotecaria correspondiente, lo encontramos en el reciente pronunciamiento de los Defensores del Pueblo.

En una reciente reunión de los 11 Defensores del Pueblo del conjunto del estado, esta cuestión fue central, con una declaración final, independientemente del color político, unánime en la que  no solo se afirmaba la obligación por parte de los poderes públicos de aportar soluciones y respuestas urgentes a la citada situación, si no que, más allá se llegaba a afirmar; La alarma social es ya un hecho por el extraordinario número de ejecuciones hipotecarias, sin que se ofrezca una alternativa real a la pérdida de vivienda, o del local que constituía la actividad principal del deudor lo que da como resultado el endeudamiento de por vida del prestatario y la ruina de las personas que fueron garantes del préstamo.

Además de estas declaraciones resulta interesante la aportación de un listado de medidas complementarias a las ya puestas en marcha por el gobierno que, recordamos, tan solo ofrecen respuestas para casos muy concretos, dejando fuera de este supuesto al grueso de los afectados por las ejecuciones hipotecarias.

Dentro de estas medidas se recoge precisamente la ampliación de los supuestos que permitan la paralización de los desahucios, así como la ampliación de los supuestos que permitan la reestructuración de la deuda hipotecaria, incluyendo aquí también no solo las viviendas si no también los locales de negocios en la misma situación.