Las claves del Plan Estatal de Vivienda: el cambio
Recientemente entró en vigor el plan estatal de la vivienda, que, de manera cuatrienal se viene aplicando nuestro país desde comienzos de la década de los 90 del pasado siglo, y que en este caso aporta algunas modificaciones importantes, ya que por primera vez desde la fecha indicada como comienzo de la aplicación de estos planes, no se encuentra la construcción de nuevas viviendas en propiedad en el eje del citado plan.
En el fondo la adecuación de este plan estratégico para los próximos cuatro años en lo relativo a la vivienda en nuestro país se hace de manera más que evidente siguiendo la línea marcada por la propia Unión Europea, en la cual se reajusta de manera notable la compra de vivienda protegida, señalando en alternativa tres grandes líneas de trabajo; el alquiler, la renovación urbana y la rehabilitación.
Si hacemos caso a los datos presentados por el propio gobierno la presentación del plan por parte de la propia ministra de fomento, vamos a encontrar en nuestro país más de 2 millones de viviendas en situación de mal estado, un 60% de viviendas construidas sin ajustarse a las normativas energéticas lo que deriva en un consumo del 17% de la energía todo el país, 4 millones de edificios de más de cuatro plantas sin ascensor, cerca del 40% de las viviendas con problemas de aislamiento… en definitiva un panorama verdaderamente malo para lo ya construido que aconseja en la línea citada volver la mirada hacia todo este conjunto de muebles sacrificando la construcción de nueva vivienda.
Por tanto las vigas maestras de este plan descansan lejos del concepto de promoción de vivienda en propiedad para aquellas personas que no podían acceder al mercado libre, y sets más a las de la rehabilitación residencial la regeneración urbana, lo que a su vez, según las previsiones del gobierno, generará una nueva corriente de empleos, en este caso el gobierno estima la creación de al menos 32.000 puestos de trabajo que podría llegar hasta superar los 100.000 sumando la aportación privada las inversiones estatales, que no superan el 30%.
